La Inspección Total concluyó su revisión de la gestión de más de 500 servicios públicos durante el gobierno de Gabriel Boric, con 1.529 hallazgos.
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El proceso comenzó el 11 de marzo y movilizó a más de mil auditores internos, quienes analizaron 913 millones de registros.
La revisión buscó detectar alertas en el uso de recursos públicos, verificar el cumplimiento de las normas e identificar deficiencias administrativas.
El trabajo permitió identificar 26 señales de alerta, que posteriormente dieron paso a 360 programas de auditoría.
Como resultado, los equipos detectaron 1.529 desviaciones, debilidades o incumplimientos de distinta naturaleza y gravedad.
Los resultados no implican necesariamente la existencia de delitos o irregularidades graves en todos los casos.
Sin embargo, 118 hallazgos correspondientes a 57 organismos llevaron al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) a recomendar sumarios administrativos.
La recomendación fue comunicada a los servicios involucrados, que hasta ahora han iniciado más de 40 procedimientos disciplinarios.
Estos procesos buscan determinar eventuales responsabilidades individuales de funcionarios o autoridades por los hechos detectados.
Cuatro organismos fueron derivados a Fiscalía
La Inspección Total identificó nueve organismos que requerían un análisis especial y en todos ellos se iniciaron investigaciones internas.
Entre ellos se encuentran la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y Junaeb.
Los antecedentes de estas cuatro instituciones fueron remitidos al Ministerio Público para determinar si los hechos podrían constituir delitos.
Además, los mismos casos fueron enviados a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La revisión especial también incluyó a la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Subsecretaría de Vivienda y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
A ellas se sumaron la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Transportes.
En total, siete de los nueve casos fueron derivados a Contraloría, cinco al CDE y cuatro a la Fiscalía.
Auditoría detecta dificultades con fondos para fundaciones
La Inspección Total también examinó las transferencias estatales destinadas a organizaciones sin fines de lucro, incluidas fundaciones y corporaciones.
El análisis identificó una dificultad estructural del Estado para realizar un seguimiento adecuado de esos recursos y controlar sus respectivas rendiciones.
Según el Ejecutivo, uno de los principales problemas es que los datos se encuentran distribuidos entre distintos servicios y plataformas.
Esta situación dificulta determinar con rapidez cuánto dinero se transfirió, qué rendiciones están pendientes y desde cuándo presentan retrasos.
También complica conocer las medidas adoptadas por cada organismo para regularizar esas situaciones.
El diagnóstico apunta a que actualmente no existe una visión única y actualizada sobre el recorrido de los recursos entregados a estas organizaciones.
La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo, destacó el cierre del proceso.
La autoridad afirmó que los resultados permitirán iniciar una etapa enfocada en corregir las deficiencias detectadas y realizar seguimiento a las medidas adoptadas.
Castillo sostuvo que la revisión constituye un primer paso para fortalecer los controles y mejorar la gestión de los recursos públicos.
Informe final llegará a Kast
Tras finalizar la Inspección Total, el comité encargado elaborará un informe con los principales resultados del proceso.
El documento será entregado al presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.
Castillo afirmó que el proceso permitió cumplir el compromiso de revisar el funcionamiento del Estado, detectar falencias e identificar oportunidades de mejora.
La autoridad agregó que los resultados buscan contribuir a un mejor uso de los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control.
El objetivo final, sostuvo, es mejorar el funcionamiento de los organismos estatales y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
