Apelando al patriotismo, el presidente José Antonio Kast defendió la reforma constitucional que busca incorporar de manera explícita la seguridad pública a la Carta Fundamental.
Lo dijo en su alocución en la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI).
Ahí aseveró que el combate a la delincuencia requiere no solo mayores recursos para las policías, sino también “respaldo legal”, “respaldo político” y voluntad para enfrentar al crimen organizado.
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Kast negó que en la propuesta de reforma de la Constitución «queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas».
«En eso estamos trabajando, porque una cosa es habilitar en la Constitución la seguridad pública, y otra es instalarla a través de la ley orgánica constitucional, que es lo que va a permitir llevar adelante esta reforma constitucional», explicó.
«El plan contra el crimen organizado, como señalo, es amplio. Es mucho más que una discusión de la reforma constitucional», dijo Kast.
«LO QUE SEA NECESARIO»
«Estoy seguro que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile y todos nos unamos en torno al combate al crimen organizado, con lo que sea necesario para habilitar la seguridad pública en nuestra Constitución, con lo que sea necesario para que Gendarmería pueda cumplir su rol, pueda realizar un régimen penitenciario acorde a los nuevos delitos», dijo Kast.
Advirtió que «el crimen organizado tiene más medios de los que podemos imaginar, es transnacional, funciona como una especie de empresa del crimen” y que sus integrantes deben ser identificados y condenados “con el máximo rigor de la ley”.
En ese sentido, planteó incluso la posibilidad de aplicar cadena perpetua a quienes cometan delitos de extrema gravedad.
“No estamos hablando de un delincuente habitual, estamos hablando de una persona fría, calculadora, que es capaz de mandar a matar, a torturar, secuestrar, amenazar, sin piedad”, expuso.
Kast aseguró que el objetivo de su Gobierno es que Chile vuelva a posicionarse como “el país más seguro de América Latina”.
Recalcó, asimismo, que «el Estado, cuidando los derechos de las personas, tiene que reaccionar con fuerza, con firmeza, para que esas personas estén donde merezcan estar, que es en la cárcel».
