El Presidente José Antonio Kast reapareció este viernes junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras regresar de su gira por Europa. La aparición conjunta ocurrió en medio de la controversia por los decretos que permitieron reducir las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
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El Mandatario llegó al Palacio de La Moneda acompañado por el secretario de Estado y la primera dama, María Pía Adriasola, para participar en una reunión extraordinaria del comité político.
La presencia de Rabat junto a Kast marcó una nueva señal de respaldo al titular de Justicia, cuya continuidad en el gabinete enfrenta cuestionamientos de la oposición y de algunos sectores del oficialismo.
Durante su llegada, el Presidente evitó responder las preguntas de los periodistas y se dirigió directamente al encuentro junto al ministro.
Kast mantiene su apoyo a Fernando Rabat
La aparición pública se produjo después de que Kast defendiera al ministro durante su reciente visita a Europa. En esa oportunidad, el jefe de Estado asumió la responsabilidad política por la firma de los decretos que permitieron rebajar las penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
“La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”, afirmó el Mandatario durante sus declaraciones.
Con esa postura, Kast buscó respaldar la gestión de Rabat frente a las críticas que surgieron por las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Justicia.
Kast emplaza a la oposición por acusación constitucional
El Presidente también cuestionó a los sectores opositores que anunciaron una posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia. En ese contexto, los instó a presentar formalmente el recurso y someterlo a votación en el Congreso.
“Que la presenten y que se vote”, manifestó Kast, quien ha reiterado públicamente que mantiene su confianza en Fernando Rabat.
Así, el Mandatario volvió a mostrar su respaldo al secretario de Estado en medio de una controversia que mantiene bajo presión al Ministerio de Justicia y que abrió un nuevo frente de debate político para el Gobierno.
