El Presidente José Antonio Kast trasladó la polémica por la Ley de Humedales hacia un debate de fondo: el impacto de la regulación ambiental en la crisis habitacional que enfrenta el país. En medio de las críticas contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el Mandatario no solo salió en su defensa, sino que también cuestionó los efectos prácticos de la normativa vigente.
Durante una actividad en Rancagua, Kast enfatizó la urgencia de ampliar la disponibilidad de suelo para enfrentar el déficit de viviendas. A su juicio, la legislación actual ha terminado por restringir zonas clave para el desarrollo urbano, afectando directamente a cientos de miles de familias sin acceso a una casa propia.
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“El problema no es el cuidado del medioambiente, que todos compartimos, sino cómo se aplica la ley”, sostuvo. En esa línea, advirtió que la definición de humedales podría ser demasiado amplia, lo que ha llevado a incluir terrenos que no cumplen necesariamente con esas características.
TENSIÓN ENTRE DESARROLLO Y REGULACIÓN
El Mandatario planteó que el país enfrenta una disyuntiva que debe resolverse con criterios prácticos: compatibilizar la protección ambiental con necesidades urgentes como vivienda, salud y energía. En ese contexto, cuestionó que proyectos relevantes se vean detenidos por interpretaciones regulatorias o hallazgos que, a su juicio, podrían manejarse con mayor flexibilidad.
Kast también puso ejemplos de obras paralizadas por razones patrimoniales o ambientales, argumentando que estas decisiones han tenido costos económicos elevados y han retrasado soluciones en áreas críticas.
DEFENSA A PODUJE Y LLAMADO A REVISAR LA LEY
En medio de las críticas desde el Senado por el tono del ministro Poduje, el Presidente respaldó su rol y valoró que proponga ideas “disruptivas” para enfrentar el problema habitacional. Además, insistió en que el debate debe centrarse en soluciones concretas más que en confrontaciones políticas.
Finalmente, Kast abrió la puerta a revisar la normativa: “Si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo”, afirmó, sugiriendo que la Ley de Humedales podría requerir ajustes para evitar efectos no previstos, como la eventual clasificación de infraestructuras artificiales dentro de esta categoría.
Con ello, el Gobierno busca instalar una discusión más amplia sobre cómo equilibrar desarrollo urbano y protección ambiental en un escenario marcado por la presión social por acceso a la vivienda.
