Tras la decisión del juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de permitir a cuatro reclusos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) realizar videollamadas no autorizadas por Gendarmería, diversos legisladores de la oposición han expresado su descontento y han pedido su destitución.
Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri ha solicitado a la Corte Suprema que inicie un proceso para remover al juez, argumentando que sus acciones son preocupantes y que es necesario que el poder judicial tome una posición clara sobre el asunto.
Henry Leal, también de la UDI, ha condenado la actuación del juez Urrutia, calificándola como grave e instando a que sea suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación sancionatoria.
«Lo del juez Urrutia es demasiado grave. No se puede permitir que un juez de la República autorice a reos peligrosos provenientes del narcotráfico, del Tren de Aragua, que estemos en contacto a través de videollamadas con el exterior. Eso es muy grave. Yo espero que la Corte Suprema tome carta en el asunto, suspenda de sus funciones a este juez e inicie un proceso sancionatorio», declaró el parlamentario.
REACCIONES
Desde RN, la diputada Camila Flores ha criticado al juez por su supuesto activismo judicial y falta de objetividad, poniendo en riesgo a la población chilena.
Otro diputado de RN, Mauro González, ha señalado la gravedad de permitir a reclusos peligrosos realizar videollamadas en medio de una crisis de seguridad, exigiendo que se tomen medidas para proteger a la ciudadanía.
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En la misma línea, la legisladora del PDG, Karen Medina, ha considerado peligroso que alguien con el comportamiento del juez Urrutia ocupe un cargo en la justicia, instando a su inmediata remoción.
El diputado Stephan Schubert (Ind.-Republicano) ha enfatizado la necesidad de poner fin al activismo político-judicial y ha llamado al Poder Judicial a tomar medidas para abordar la crisis de seguridad.




