Lavado de dinero: secreto total en caso Democracia Viva. La Fiscalía decreta reserva del caso Democracia Viva hasta el próximo año ante sospechas de lavado de activos.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses.
Ello, por mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias hay solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
No eran solo sospechas de fraude al fisco y tráfico de influencias
“Por presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, los cuales son base de ilícito tipificado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913″, señala Fiscalía.
La ley 19.913, trata acerca del lavado de activos. El escrito requiere: «Remitir todos los antecedentes de ROS, ROE, DPTE».
Pero no se queda ahí, pide «cualquier otra información relativa a las personas naturales y jurídicas que más abajo se individualizan o se vinculan a ellas».
Catalina Pérez otra vez bajo la lupa de la justicia
La primera citada, es nada menos que la diputada «Catalina Ilona Pérez Salinas», además, «Daniel Francisco Andrade Schwarze, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, Tatiana Valeska Rojas Leiva, Fundación Democracia Viva”, señala.
El fiscal Cristián Aguilar, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) conocer cualquier reporte de operaciones sospechosas de los investigados en el caso.
Aunque la indagatoria partió por sospechas de presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias, Fiscalía también sospecha de eventual comisión de otros ilícitos.
El peligroso lavado de activos
Entre ellos, lavado de activos. Por lo mismo, el ente persecutor, decidió pedir se decrete el secreto de la indagatoria.
Así, la Fiscalía restringe la posibilidad de los querellantes y defensas de acceder a las piezas investigativas que existen en el expediente de la causa.
Lavado de dinero: secreto total en caso Democracia Viva que afecta a querellantes, querellados y terceros.
Esta decisión ya fue comunicada a los abogados de las partes, y se les informó que el secreto de la causa se mantendrá por seis meses, hasta febrero del próximo año.
Querellantes conformes a medias con la medida
El abogado querellante Sergio Rodríguez, señaló: “efectivamente fuimos informados de la reserva por investigación de lavado de activos».
«No conocemos qué antecedente motivo dicha decisión, ya que hace un tiempo habíamos consultado y nos indicó el Fiscal que no haría reserva de esa ley”.
“En la medida que la reserva sea útil para cumplir alguna diligencia, nos parece correcto», agregó.
«Pero si es debido al hecho que se trata de una causa que es noticia, instaremos por que se levante», advirtió.
Señaló «que hay diversas diligencias y declaraciones de imputados que se han decretado y se encuentran pendientes», dijo.
Procultura se trata de alejar de Democracia Viva
Felipe Barruel y Susana Borzutzky, defensores de la Fundación ProCultura -entidad que también es objeto de investigación en la causa-, señalaron que “aún cuando es una facultad legal, debe considerarse siempre el debido proceso y el derecho a defensa».
«Y al existir cualquier vulneración que pueda afectar las garantías constitucionales del debido proceso, existen los mecanismos para poder reclamar», dijeron.
Están preocupados «sobre los alcances y efectos de una medida de secreto como la que afectan todas las investigaciones”, aseguran.
Agregan que “en este caso, resulta llamativo que se dicte secreto en toda la causa, entonces se debería separar la investigación y dejar sin efecto el secreto en las aristas en que no existe presunción de lavado de activos», señalan.
La respuesta que se conoce de la UAF
La UAF, a través de su director, Carlos Pávez, un informe reservado, detalla algunas movimientos financieros de los investigados.
“De acuerdo a la información registrada en esta Unidad de Análisis Financiero, informo a Ud. que se mantienen Registros de Operaciones en Efectivo (ROE), de las siguientes personas naturales consultadas en su Oficio, los que se remiten: Catalina Ilona lo Pérez Salinas, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, Tatiana Valeska Rojas Leiva«.
«En cuanto a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), este Servicio comunica que posee información referente a dos personas identificadas en su Oficio, el señor Carlos Andrés Contreras Gutiérrez y de la entidad Fundación Democracia Viva”.
Meses de sospecha sobre Democracia Viva y diputada Pérez
El informe da cuenta de que “en el mes de mayo del año 2023, esta Unidad recibió un (ROS) remitido por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU Región de Antofagasta, el cual informa acerca de los resultados obtenidos del proceso de auditoria al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios.»
«Concluye con la existencia de diversas situaciones calificadas de criticidad relacionadas con deficiencias de control en diferentes procesos administrativos del referido programa, tales como:
a) concepto de canon de arriendo de oficina; b) cantidad importante de rendiciones atrasadas y c) rendiciones de cuenta que en determinadas oportunidades existen fluctuaciones de sueldos”, señala el oficio.
El ROS, advirtió “el proceso de auditoria únicamente consideró una muestra de los convenios suscritos con Entidades», otras «no fueron considerados», indica La Tercera.
«De aquellas no consideradas, resulta relevar el convenio suscrito con la Fundación Democracia Viva, toda vez que su representante legal es don Daniel Francisco Andrade Schwarze».
Recuerda que tanto Andrade como el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Contreras, son «miembro(s) del Partido Político Revolución Democrática
Aunque, no hay indicios concretos de lavado de activos en la causa, serán necesarias nuevas pesquisas para determinar ese hecho.
