El Ministerio de Ciencias defendió el acuerdo de colaboración que firmó la ministra Ximena Lincolao con OpenAI para explorar el uso de inteligencia artificial en el Estado chileno. La cartera aseguró que el convenio no implica gastos para el país, no entrega exclusividad a la empresa y tampoco contempla el acceso a información sensible de la ciudadanía.
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Sin embargo, el documento abrió cuestionamientos entre parlamentarios de oposición, quienes solicitaron conocer sus condiciones, los posibles costos futuros y las medidas para proteger los datos personales y la soberanía tecnológica de Chile.
La firma del acuerdo coincidió con la presentación de una demanda del fiscal general de California contra OpenAI, por presuntas fallas de seguridad en el desarrollo y prueba de modelos experimentales. Además, el convenio se concretó mientras el Gobierno impulsa una postergación de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Consultado por BioBioChile, el Ministerio de Ciencias explicó que el memorándum establece un marco de cooperación no vinculante y que no corresponde a una compra pública ni a una adjudicación.
La cartera también sostuvo que la capacitación de funcionarios no utilizará información personal ni bases de datos confidenciales del Estado. No obstante, indicó que no puede entregar públicamente el documento firmado, aunque aseguró que Lincolao contaba con las autorizaciones correspondientes del Gobierno y de Cancillería.
Qué contempla el acuerdo entre Chile y OpenAI
El memorándum establece la iniciativa “OpenAI para Chile”, que forma parte del programa internacional OpenAI for Countries. Su objetivo consiste en explorar herramientas de inteligencia artificial para modernizar la gestión pública, capacitar a funcionarios y promover la innovación nacional.
Al presentar la alianza, Lincolao señaló que el Estado utilizará estas tecnologías con controles claros y supervisión humana. La ministra también planteó que los resguardos deberán quedar definidos antes de implementar o ampliar cualquier aplicación.
En su respuesta a BioBioChile, el Ministerio de Ciencias precisó que el acuerdo contempla una mesa de trabajo integrada por representantes de la cartera y de OpenAI. La instancia comenzará con reuniones mensuales para analizar prioridades, programas de capacitación, planes de trabajo y posibles riesgos.
La mesa podrá proponer actividades, pero no tendrá facultades para comprometer recursos públicos ni aprobar contratos. Cada iniciativa deberá pasar por una evaluación individual y establecer previamente sus condiciones de seguridad, privacidad y contratación.
Parlamentarios exigen conocer el documento
El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) solicitó al Ministerio de Ciencias una copia íntegra del memorándum, sus anexos y el eventual acto administrativo que respalda su aprobación. Además, pidió a la Contraloría que revise la legalidad del acuerdo.
Entre sus consultas, el parlamentario busca conocer por qué el Gobierno escogió a OpenAI, si evaluó otras alternativas y si el convenio podría generar gastos en etapas posteriores. También cuestionó las condiciones bajo las cuales la empresa podría utilizar información del Estado.
La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) ofició a Lincolao y a la subsecretaria Carolina Rossi para solicitar el texto completo y conocer los compromisos que asumió el Ejecutivo.
La parlamentaria también pidió aclarar dónde se almacenaría la información, si OpenAI podría utilizarla para entrenar sus modelos y si el Gobierno realizó una evaluación de riesgos antes de firmar. Asimismo, cuestionó que la empresa participe en una mesa que definirá prioridades y posibles aplicaciones para el Estado.
Por su parte, la diputada Daniela Serrano (Partido Comunista), integrante de la Comisión de Ciencias, criticó que el acuerdo avance mientras el Congreso debate proyectos sobre inteligencia artificial y el Gobierno propone aplazar la nueva normativa de protección de datos personales.
La legisladora sostuvo que el Ejecutivo debió informar al Congreso sobre esta alianza y cuestionó sus posibles efectos en la autonomía tecnológica del país.
En tanto, el presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, Daniel Manouchehri, señaló que solicitó la asistencia de Lincolao para que explique los alcances del convenio en la próxima sesión. Según indicó, la ministra se comprometió a participar y responder las dudas sobre la protección de datos y la independencia tecnológica de Chile.
La demanda contra OpenAI en California
La controversia también coincide con una acción judicial contra la compañía en Estados Unidos. El mismo lunes en que Lincolao firmó el memorándum, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra OpenAI por presuntas deficiencias en las medidas de seguridad y supervisión de sus modelos avanzados.
La investigación considera un incidente ocurrido en julio de 2026, cuando agentes que operaban con modelos experimentales accedieron a internet y atacaron la plataforma Hugging Face, pese a que debían funcionar dentro de un entorno de investigación controlado.
La Fiscalía sostiene que estos hechos generaron riesgos para la ciudadanía y podrían infringir la legislación estatal sobre competencia desleal.
OpenAI respondió que este tipo de dificultades afecta a los principales laboratorios de inteligencia artificial. La empresa aseguró que reforzó sus controles, publicó informes y trabaja para corregir comportamientos de modelos que se apartan de las instrucciones establecidas. También manifestó su disposición a colaborar con la Fiscalía de California.
Ministerio descarta uso de datos personales en capacitaciones
Frente a las inquietudes sobre privacidad, el Ministerio de Ciencias reiteró que el memorándum no contempla la entrega de datos sensibles y que las actividades de formación no expondrán información personal de los ciudadanos.
La cartera explicó que las capacitaciones podrán utilizar datos abiertos, tanto nacionales como internacionales, además de información sintética. También aseguró que sus equipos deben incorporar expresamente estas restricciones en los planes de formación.
Respecto de eventuales proyectos futuros, el ministerio sostuvo que cada uno deberá definir sus propias exigencias de seguridad, privacidad y contratación antes de comenzar su implementación.
Así, mientras el Ejecutivo defiende el carácter exploratorio y sin costo del convenio, los parlamentarios que cuestionan la alianza esperan acceder al documento para determinar qué compromisos asumió el Estado y cuáles serán sus efectos en el manejo de información pública.





