La Fundación Fuerza Ciudadana interpuso una denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia, para transformarla en un museo.
La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía Marcia Figueroa la remitió a la Fiscalía Centro Norte para ser investigada.
Ciper Chile publicó que la causa está ahora en manos de un fiscal provisorio, pero en las próximas horas se asignará al definitivo.
Lea también: Boric responde a Frei: «En Chile nunca ha sobrado la plata»
Sin embargo, debido a que el acusado es el Presidente Boric no descartan que el fiscal nacional, Ángel Valencia, asigne a un persecutor regional para investigarla.
La denuncia apunta al delito de fraude al fisco. Se centra en la responsabilidad que le cabría al Mandatario en la fallida transacción.
Sostiene el documento “que el denunciado en su calidad de funcionario público» compró el inmueble con recursos públicos a favor de Maya Fernández Allende».
Esto, agrega, «constituye el delito de Fraude al Fisco, en atención que dicha compra fue a favor de una colaboradora directa e inmediata de él, de su exclusiva confianza, lo cual es un hecho público y notorio, por el precio de 24.291,72 UF que corresponde a una cantidad aproximada de $993 millones».
«DISPONÍA DEL PODER»
La Fundación Fuerza Ciudadana es encabezada por el abogado y militante del Partido Republicano Raimundo Palamara.
Este aseguró que la denuncia en contra de Boric por la compra de la casa de Allende no proviene de la colectividad donde milita, sino que es a título personal, sin coordinación con la colectividad.
De acuerdo con el medio citado, la acción penal está dirigida en contra del mandatario “en atención a que él disponía de los fondos y del poder».
«Existe un decreto en que le ordena a la ministra de Bienes Nacionales para que haga la compra de esta casa, se señala ahí mismo, que es por orden del Presidente, por lo cual el responsable aquí es directamente el Presidente de la República», enfatizó Palamara.
«Obviamente deberían haber otras responsabilidades, sobre todo si pasó por tantas manos, por tantos ministerios, por tantos abogados. Aquí debería haber más responsabilidades, no solo del Presidente, pero el Presidente es el principal responsable aquí», aseveró.
EL PRINCIPIO DE LA POLÉMICA
El 31 de diciembre pasado el gobierno anunció la compra, a través del ministerio de Bienes Nacionales, de la casa de Salvador Allende como parte de las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
El 2 de enero, el medio de comprobación de datos Fast Check advirtió que el Ejecutivo había omitido que el inmueble pertenece a cuatro personas, entre ellas la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.
Por sus cargos públicos, las descendientes del exPresidente no pueden celebrar contratos de este tipo con el Estado.
El gobierno se desistió de la compra, la cual costó el puesto a la entonces ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (RD).
