La ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó de la idea del Gobierno de obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes irregulares en el país.
«Lo estamos mirando con bastante preocupación, porque nosotros no podemos desde el ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria», advirtió.
Agregó que «eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente».
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La polémica surge luego que el ministerio del Interior presentara una indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas. Esta expone que «todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y la autoridad contralora los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación».
«NO PODEMOS IR CONTRA LA LEY»
En conversación con Radio 13c, la ministra Chomali explicó que «hay algunos otros temas que nosotros lo hemos planteado en el gobierno central, en el Comité de Ministros, y han estado todos de acuerdo, en el sentido de que nosotros no podemos desde Salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población».
La secretaria de Estado dijo que revisarán la indicación con el Ejecutivo «para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno».
Chomali reiteró que «no podemos ir en contra de la ley, que tiene que ver con la Ley de Deber y Derecho del Paciente y el Código Sanitario, y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante».
A modo de ejemplo relató que «estuve hace poco en Azapa (al este de Arica) y se estaba tratando un migrante con una tuberculosis en una zona que tiene una alta tasa de tuberculosis. Era un migrante que estaba abandonado y yo estaba feliz de que los estábamos tratando, porque si estaba en Chile, la probabilidad de contagiar a las personas con las cuales él trabajaba era tremendamente alta».
«Es una escena que viví concretamente que me hizo ser mucho más clara en la postura que yo tengo y tenemos desde la cartera en relación a la atención de los migrantes», enfatizó Chomali.
