Si bien, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tenía hasta el 5 de enero para responder a la acusación constitucional (AC) en su contra, este 27 de diciembre, Meganoticias accedió a la defensa de 175 páginas presentada por el abogado, Pablo Ruiz Tagle. La «acusación se basa en hechos deficientemente relatados y sin sustento», afirmó. En síntesis, lo califica como «un escrito improvisado, con falta de argumentos básicos y errores garrafales».
Específicamente el documento afirma que «la acusación se basa en el principio de responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que el ministro debe responder por cualquier hecho ocurrido en el ministerio, independiente de su diligencia o de los actos que realice. Esto es un error garrafal. Las acusaciones constitucionales se basan siempre en la responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe analizarse el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones».
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«La acusación se basa en hechos deficientemente relatados y sin sustento, que no permiten configurar las causales de la supuesta vulneración a la Constitución y las leyes. Carece de hechos claros, precisos y concretos referidos a la persona del ministro y no es posible construir un nexo entre la actuación del ministro con las supuestas normas infringidas», agrega luego.
De igual manera, apunta a la gestión del expresidente, Sebastián Piñera, asegurando que «es tan deficiente el escrito que se copiaron y pegaron los cuadros sobre convenios informados por la Contraloría en sus informes, tachando los convenios suscritos en el gobierno del expresidente de la República Sebastián Piñera. Es decir, los acusadores no se dieron tiempo siquiera de hacer sus propios cuadros. Al tachar los cuadros, se omite deliberadamente los actos previos al 2022 y se hace responsable al ministro de ellos».
«ESCRITO IMPROVISADO»
Respecto a la acusación en sí, según el documento de 175 páginas, «se hicieron efectivas las responsabilidades, según la estructura jerárquica del ministerio, mediante la renuncia del Seremi de la región de Antofagasta y de la Subsecretaria de la cartera».
De igual manera, sostiene que la AC, «no está debidamente fundada, no se aportan pruebas necesarias, no cumple con un estándar mínimo, confundiendo reproches a la gestión con supuestas infracciones a la Constitución».
«En síntesis, es un escrito improvisado, con falta de argumentos básicos y errores garrafales, que no pueden permitirse dado la gravedad de la acusación y la seriedad de la institucionalidad», finaliza.
