En medio de la controversia por el ingreso al país de niños haitianos, la contralora Dorothy Pérez reveló que en el organismo que encabeza recibieron una denuncia sobre una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) “que habría agilizado la tramitación de documentos migratorios a cambio de pagos”.
Eso fue el contexto de la auditoría donde se detectaron irregularidades administrativas en la entrada de menores de edad de esa nacionalidad al país para procesos de reunificación familiar. Ese informe final se acaba de publicar y es sobre lo cual ella expuso hoy ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Explicó que la denuncia no pudo ser acreditada por la Contraloría y por eso fue derivada al Ministerio Público.
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Sin embargo, detalló, sí se pudo constatar que «distintos aplicativos que utiliza el Servicio de Migraciones para registrar y controlar las solicitudes migratorias y sus resultados tenían deficiencias muy relevantes. Por ejemplo, la falta de segregación de funciones, la falta de perfiles de usuarios, la falta de definición de roles. Y todo esto genera riesgos que pueden permitir que una situación como la denunciada se materialice».
En ese punto, Pérez se refería a los 64 niños, niñas y adolescentes (NNA) haitianos que en una primera instancia el organismo no pudo ubicar en los domicilios registrados a su ingreso y que causó tal revuelo que hasta se abrió una investigación penal en el Ministerio Público.
MIL 229 NIÑOS
La contralora expuso que solicitaron a otras instituciones que evalúen la trazabilidad de otros procesos de reunificación familiar. “A lo menos se debería verificar la situación de 269 menores de esta muestra, idealmente de mil 229″.
Afirmó que «el hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia en términos institucionales y sobre todo desde el punto de vista de la efectividad del sistema de protección integral de menores de nuestro país, pero es bastante acotada, porque son mil 229 (niños que ingresaron) para ese periodo y ese periodo es sólo de cuatro meses”.
Según Pérez, en el informe final “se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití“.
Respecto de la filtración del preinforme, aseguró que la Contraloría tomó los resguardos para evitar este escenario a través de dos mecanismos: la entrega de este documento únicamente a una persona de cada servicio auditado, vale decir a la PDI, al Sermig y a la subsecretaría de la Niñez, y de forma encriptada, con una clave digital que se proporcionó presencialmente.
“Tengo bastante certeza de que el proceso disciplinario que la Contraloría General de la República ordenó para investigar esta materia, respecto de las tres instituciones que recibieron este documento, va a tener prontos resultados”, dijo Dorothy Pérez.
