La tramitación en particular de la denominada “megarreforma” o ley miscelánea del Gobierno abrió un nuevo flanco político en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de que parlamentarios del oficialismo y la oposición acusaran un intento por acelerar el despacho del proyecto y limitar la discusión de las indicaciones presentadas por distintos sectores.
Las críticas surgieron tras las declaraciones del diputado republicano Agustín Romero y de personeros del oficialismo alineados con el Ejecutivo, quienes cuestionaron la masiva presentación de indicaciones ingresadas por parlamentarios de oposición y sectores progresistas.
Desde el PPD, el Frente Amplio y el Partido Socialista respondieron acusando una estrategia “autoritaria” del Gobierno para empujar una reforma que, según sostienen, ha sido cuestionada por organismos técnicos nacionales e internacionales.
SOTO ACUSA “INFLEXIBILIDAD IDEOLÓGICA” DEL GOBIERNO
El diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que en la discusión se está imponiendo un estilo “extremo, dogmático, inflexible e ideológico” encabezado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejando en segundo plano los intentos de diálogo político.
El parlamentario sostuvo que reformas tributarias de largo alcance no pueden aprobarse mediante “mayorías frágiles” y cuestionó que el Ejecutivo continúe avanzando pese a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corte Suprema.
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“Temas tan importantes como las reglas tributarias no pueden avanzar por dos o tres votos. Deben tener sustento político, social y técnico”, señaló.
Soto además confirmó el ingreso de 24 indicaciones de la bancada PPD-Independientes para modificar aspectos centrales del proyecto, argumentando que la iniciativa favorece principalmente a grandes empresas y altos patrimonios.
Entre los puntos cuestionados mencionó la rebaja del IVA a la vivienda y los cambios en contribuciones para la primera vivienda, medidas que, a su juicio, terminan beneficiando a constructoras y grandes fortunas más que a sectores medios.
FRENTE AMPLIO: “LA MOTOSIERRA DE QUIROZ NO PERMITE ESCUCHAR”
La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, elevó el tono contra el Ejecutivo y acusó que el Gobierno no ha respondido a las observaciones técnicas realizadas sobre el proyecto.
“La motosierra de Quiroz no le permite escuchar voces tan importantes como la Corte Suprema, el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, las Pymes y distintos expertos”, afirmó.
La parlamentaria aseguró que el oficialismo tiene la responsabilidad de impedir que un proyecto de más de 200 artículos avance “sin la discusión en profundidad que se requiere”.
Yeomans adelantó además parte de las indicaciones impulsadas por el Frente Amplio, entre ellas el levantamiento del secreto bancario, el rechazo al crédito tributario contenido en la propuesta del Gobierno y la creación de mecanismos alternativos de generación de empleo enfocados en mujeres.
“Del empleo de las mujeres no dice ni una sola palabra el proyecto de ley”, sostuvo.
La diputada también acusó que el Ejecutivo intenta utilizar el componente de reconstrucción posterior a los megaincendios para impulsar rebajas tributarias a grandes empresas y contribuyentes de mayores ingresos.
“Quiere pasar gato por liebre”, afirmó.
MANOUCHEHRI ACUSA INTENTO DE “INHIBIR” DERECHOS PARLAMENTARIOS
El diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó duramente las declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda y advirtió que se estaría intentando restringir el derecho de los parlamentarios a presentar indicaciones.
“Lo que están cuestionando no es al parlamentario que presenta indicaciones; el problema que tienen es con la democracia”, señaló.
El legislador calificó como “inaceptable” cualquier intento de limitar el debate legislativo y sostuvo que el proyecto busca modificar decenas de leyes en un plazo que consideró insuficiente.
“Quieren discutir en dos días lo que normalmente demora meses”, afirmó.
Manouchehri añadió que el reglamento de la Cámara es claro respecto a la votación de indicaciones y recordó que estas solo pueden agruparse con unanimidad de la comisión.
“Si no existe unanimidad, los parlamentarios tienen el derecho constitucional de reclamar admisibilidad y pedir votaciones separadas”, indicó.
BRITO ANUNCIA 55 INDICACIONES Y ADVIERTE USO DEL REGLAMENTO
El diputado Jorge Brito (FA), integrante de la Comisión de Hacienda, confirmó que las fuerzas progresistas y de oposición ingresaron 55 indicaciones adicionales para modificar el articulado.
“El trámite legislativo indicar no es ofender”, afirmó, insistiendo en que las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo sobre el impacto fiscal del proyecto no han sido abordadas por el Ejecutivo.
Brito sostuvo que, de aprobarse la reforma en sus términos actuales, la deuda pública podría superar el 45% del PIB, escenario que calificó como un riesgo para las finanzas públicas.
El parlamentario adelantó que respaldarán los artículos relacionados con reconstrucción de zonas afectadas por megaincendios, pero rechazarán la invariabilidad tributaria y otros mecanismos que, según dijo, benefician principalmente a grandes empresas.
Entre las propuestas ingresadas mencionó el levantamiento del secreto bancario, mayores subsidios al empleo y un aumento del subsidio al pie para créditos hipotecarios destinados a sectores medios.
Asimismo, advirtió que, si el Ejecutivo insiste en acelerar la tramitación, recurrirán a todas las herramientas reglamentarias disponibles.
“Tenemos plena disposición a trabajar de lunes a lunes si es necesario, pero no vamos a permitir que se restrinja el debate ni que se avance sin medir las consecuencias”, afirmó.
DEBATE ENTRA EN FASE CLAVE EN COMISIÓN DE HACIENDA
La Comisión de Hacienda inició este lunes la discusión en particular del proyecto, una etapa marcada por la presentación masiva de indicaciones y por crecientes tensiones entre el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas y de oposición.
Mientras el Gobierno busca acelerar el despacho de la iniciativa, distintos sectores insisten en que la propuesta requiere una revisión técnica más profunda y mayores acuerdos políticos antes de continuar su avance legislativo.
