El Partido Nacional Libertario (PNL) endureció su posición frente a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast y pidió al Ejecutivo reorientar algunos de sus principales contenidos.
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A través de una declaración pública, la colectividad manifestó que respalda en términos generales la necesidad de modificar la Carta Fundamental para fortalecer la seguridad pública, aunque calificó la propuesta actual como “redundante, ineficaz y parcialmente insuficiente”.
Entre sus principales demandas, el PNL planteó como condición avanzar en un indulto para funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas que participaron en los hechos ocurridos durante el estallido social.
La postura profundiza los reparos que el partido ya había expresado durante la semana pasada. El 20 de agosto, Johannes Kaiser sostuvo que la colectividad estaba disponible para aprobar la idea de legislar, pero advirtió que eso no implicaba respaldar todos los aspectos del proyecto.
En esa oportunidad, Kaiser también cuestionó el nuevo estado de excepción incluido en la iniciativa y afirmó que el Gobierno debía abordar la situación de más de 700 uniformados que, según sus dichos, permanecen procesados por hechos vinculados al estallido social.
PNL pone los indultos entre sus principales exigencias
En su nueva declaración, el PNL formalizó los indultos como uno de los puntos centrales de su posición sobre la reforma de seguridad.
La colectividad sostuvo que resulta “ineludible y urgente” indultar a funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas que, según su interpretación, actuaron para contener los hechos de octubre de 2019.
A juicio del partido, mantener los procesos judiciales contra estos funcionarios podría generar temor dentro de las instituciones encargadas del orden público y afectar el ejercicio de sus funciones.
Críticas al nuevo estado de excepción
El PNL también manifestó un fuerte rechazo al nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública propuesto por el Ejecutivo.
Según la colectividad, esta figura no entregaría herramientas suficientemente nuevas para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, mientras ampliaría las facultades del Gobierno para restringir determinadas libertades.
El partido considera especialmente cuestionable que algunas garantías puedan suspenderse durante períodos de hasta 120 días, con posibilidad de prórroga y sin una intervención parlamentaria que considere suficiente.
También expresó reparos frente a las atribuciones contempladas para interceptar comunicaciones y requisar bienes, debido a que, según planteó, podrían afectar a personas que no estén vinculadas directamente con los delitos investigados.
A esto se suma su oposición a eventuales restricciones al derecho de asociación.
Las modificaciones constitucionales que propone el partido
El PNL presentó además cuatro cambios que considera prioritarios para modificar la Constitución.
La primera propuesta busca establecer expresamente la supremacía de la Constitución frente a tratados, sentencias o resoluciones provenientes de tribunales u organismos extranjeros.
El segundo planteamiento apunta a incluir al fiscal nacional y a los fiscales regionales entre las autoridades que pueden enfrentar una acusación constitucional.
Como tercera medida, la colectividad propone recuperar los antiguos quórums para modificar la Constitución y sus leyes interpretativas, además de aquellos aplicables a las leyes orgánicas constitucionales.
Finalmente, el partido plantea establecer restricciones constitucionales para inmigrantes en situación irregular respecto de la libertad de movimiento, el acceso al empleo formal y determinados beneficios financiados con recursos públicos.
La propuesta contempla que estas personas puedan acceder únicamente a prestaciones relacionadas con lo que el PNL denomina el “núcleo de la dignidad humana”, incluyendo la protección de la vida, la integridad física, el debido proceso y la atención médica de urgencia.
PNL mantiene apoyo general a la reforma
Pese a sus cuestionamientos, el Partido Nacional Libertario no descartó participar en la discusión legislativa. La colectividad sostuvo que existe una necesidad de avanzar en una reforma constitucional que permita fortalecer el sistema de seguridad pública y establecer mecanismos de colaboración de las Fuerzas Armadas en estas tareas.
El PNL también considera innecesario incorporar explícitamente el concepto de “seguridad pública” en el artículo 1° de la Constitución, debido a que, según su análisis, el texto vigente ya establece el deber estatal de proteger a las personas y las familias.
Con este pronunciamiento, el partido mantiene abierta la puerta a respaldar la iniciativa en términos generales, pero condiciona su apoyo a modificaciones relevantes en materias como el estado de excepción, las atribuciones del Ejecutivo y la situación judicial de los uniformados.
