Una nueva arista judicial se suma al caso ProCultura en la región de Antofagasta. Siete extrabajadores que prestaron servicios en convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación ProCultura presentaron una demanda laboral ante el Juzgado del Trabajo de Antofagasta, exigiendo el pago de $46 millones en indemnizaciones.
La acción judicial no solo apunta a ProCultura, sino que también incluye solidariamente como responsables al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda (Seremi Minvu) en Antofagasta.
Según la demanda, los demandantes solicitan el cobro de prestaciones, la nulidad del despido, reconocimiento de subcontratación e indemnizaciones por término de contrato.
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Los trabajadores se desempeñaban en el marco de convenios de transferencia de recursos suscritos entre las instituciones públicas y la fundación, lo que –a juicio de los demandantes– configura una relación de subcontratación que debe ser reconocida por el Estado.
En tanto, la Seremi de Vivienda de Antofagasta respondió oponiéndose a la demanda a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), argumentando que “no se cumple con los requisitos legales para atribuir responsabilidad a la Seremi”, ya que los convenios eran meramente transferencias de recursos y no constituían contratos de prestación de servicios.
“No es dable poder perseguir una responsabilidad de la Seremi Minvu respecto a una supuesta subcontratación (…) Lo anterior no transforma, bajo ningún concepto, en contratista a la fundación demandada ni a sus aportantes en mandantes”, señaló el CDE según cita El Mercurio de Calama.
La demanda solicita que tanto el Serviu como la Seremi respondan solidariamente por las eventuales obligaciones laborales que se deriven del vínculo contractual indirecto con ProCultura.
