La pregunta no es baladí: ¿Quién pagará la cuenta de las contribuciones exentas? Eso, porque el ministro Jorge Quiroz ya explicó quién dejará de pagar contribuciones. Lo que aún falta explicar es algo igual de importante: quién terminará financiando esa decisión.
La promesa fue recibida como una buena noticia por miles de adultos mayores. Gracias a la nueva ley, muchos dejarán de pagar contribuciones por sus viviendas. Sin embargo, apenas se conocieron los cálculos sobre su impacto fiscal, apareció otra interrogante que el Gobierno todavía no responde: ¿quién financiará ese beneficio?
Según cifras del Ministerio de Hacienda —obtenidas por La Tercera vía Ley de Transparencia—, el Estado dejará de recaudar $122.527.177.679 que actualmente van al Fondo Común Municipal (FCM) gracias al aporte de los mayores de 65 años. Solo Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea reducirán en aproximadamente $51 mil millones sus aportes a este mecanismo redistributivo.
¿Paga Moya?
Hacienda ha insistido en que las comunas más vulnerables no perderán recursos y que la Tesorería General de la República compensará esa diferencia con cargo a impuestos generales. Pero el mecanismo despierta serios cuestionamientos entre los alcaldes que dependen del FCM.
Al recaudar menos por contribuciones, las comunas del sector oriente transferirán un monto significativamente menor al fondo. Para cubrir esa brecha de más de $122 mil millones, el dinero deberá provenir de otra fuente. Y como el Estado no fabrica dinero, cabe preguntarse: ¿habrá que endeudarse o realizar nuevos recortes sociales?
Esa respuesta todavía no se ha entregado.
No basta con decir que se repondrá
Toda política pública tiene un costo, incluso las que benefician a la ciudadanía. Pareciera que al ministro le cuesta entender que esto no es una empresa privada; es el Estado de Chile, cuya meta no es solo la eficiencia, sino la justicia social y la equidad territorial a la que apunta el FCM.
Por eso, cuando el Ejecutivo anuncia que compensará la menor recaudación, corresponde transparentar la vía: ¿Reducirá recursos de otros programas? ¿Postergará inversiones? ¿Aumentará la deuda pública? ¿O confía en compensarlo con la mayor recaudación que generaría la megarreforma?
Hasta ahora, los argumentos parecen basarse únicamente en la fe de que la rebaja del impuesto corporativo —que significará dejar de recaudar cerca de US$4.400 millones anuales (1% a 1,2% del PIB)— se traducirá en ahorro para un pequeño porcentaje de la población.
Esta no es una discusión reservada para economistas. Se trata de saber cómo se administrarán los recursos de todos los chilenos.
La otra cara de la promesa
El Fondo Común Municipal nació precisamente para reducir la brecha entre comunas con altos ingresos y aquellas que dependen del apoyo estatal para financiar servicios básicos.
Si el Estado reemplazará el dinero faltante con recursos generales, esa decisión tendrá consecuencias fiscales que merecen la misma transparencia con que se anunció el beneficio. Porque una política pública no termina cuando se informa a los beneficiarios; también nace la obligación de explicar de dónde sale el dinero.
A esto se suman otras interrogantes inevitables: ¿Qué pasará con los otros US$70 millones que las municipalidades dejarán de percibir de forma directa y que no pasan por el FCM? Y si realmente se van a inyectar recursos frescos, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para reforzar estructuralmente la equidad territorial?
