Aunque le bajó el perfil al reclamo transversal de alcaldes de todos los signos políticos contra el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que -acusaron- incorpora una disposición que podría configurar una causal de cesación del cargo y que además sería inconstitucional, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que le gobierno hará ajustes a su redacción para evitar «interpretaciones equívocas».
A pesar de que los jefes comunales aseguraron que se enteraron por la prensa sobre la normativa -que fue ingresada a Contraloría el 2 de septiembre- y que esa fue la primera noticia de ella que tuvieron, el secretario de Estado aseguró que el texto «se ha conversado con varias oficinas de municipios» y que hubo «un trabajo previo muy importante por parte de la subsecretaría de Prevención del Delito».
El secretario de Estado explicó que «lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas».
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Sin embargo, dijo que, ante el «revuelo» generado, el Ejecutivo aprovechará el proceso de revisión del texto para realizar precisiones.
«Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas», sostuvo.
«HAREMOS LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES»
Arrau aseguró que «bajo ningún punto estamos creando sanciones que no existan de manera legal vía reglamentaria» y lo justificó diciendo que, «si uno lee el texto, lo único que hace es remitir a una ley».
«Haremos los ajustes correspondientes para evitar estas malas interpretaciones», enfatizó.
Reconoció también que es muy probable que Contraloría le haga varias correcciones, ya que se trata de un reglamento extenso y complejo.
El ministro aseveró que «hemos tomado contacto con las asociaciones de municipios, con los alcaldes, para explicarles esta situación, para que haya tranquilidad» en la implementación de una ley que, destacó, busca entregar mayores facultades a los municipios y a sus inspectores de seguridad.
«NO CORRESPONDE»
Horas antes distintos alcaldes, tanpo del oficialismo como de la oposición, llamaron a gobierno a retirar el reglamento desde la Contraloría.
El alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), Felipe Alessandri (RN), acusó que «no corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente».
De acuerdo con el texto, «le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos» para su designación.
En caso de que esto no se realice, establece: «La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695».
«UNA OLEADA DE DESTITUCIONES»
No estuvo solo en su reclamo. La Asociación Chilena de Municipalidades solicitó «que se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine la cláusula para trabajar junto con el municipalismo en una propuesta que efectivamente recoja las prioridades de nuestras 346 comunas»
Se sumaron parlamentarios, como el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, que afirmó que “hay que ser extremadamente cuidadosos con aquellas materias porque se puede prestar precisamente para malos usos, se puede prestar para extorsiones, se puede prestar para que, eventualmente, se pueda utilizar a una figura conocida para obtener un cargo y luego reemplazarlo por alguien de la confianza”.
En la misma línea, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que el que en «un reglamento se agregue una nueva causal, parece bastante extraño y puede ser muy mal utilizado” y que eso puede ser en cualquier gobierno. Por ejemplo, añadió, “no vaya a ser que el día de mañana, con la excusa de los problemas del reglamento de seguridad municipal, empiece una oleada de destituciones de alcaldes de izquierda o de derecha”.
