“Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error», advirtió Felipe Alessandri jefe comunal de Lo Barnechea, frente a una de las medidas que forma parte del decreto supremo ingresado a Contraloría por el Ejecutivo para la Ley de Seguridad Municipal, que incluye una causal que permite el cese de funciones de los alcaldes.
«No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente. Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto», agregó.
La Ley de Seguridad Municipal fue promulgada en febrero pasado, pero no está totalmente en marcha, porque falta la toma de razón por parte dela Contraloría. El 2 de septiembre el gobierno ingresó el decreto supremo que detalla el reglamento de la normativa.
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El punto al que hizo mención Alessandri es el artículo 8 del reglamento, que especifica que “le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos” para su designación.
Añade que “la infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695″.
«LAS REGLAS TIENEN QUE SER CLARAS»
En ese contexto, el jefe comunal cuestionó la redacción del decreto, porque “¿qué pasó con el trabajo previo que debía realizarse con las asociaciones de alcaldes y municipios? Una disposición de esta gravedad tenía que ser discutida, advertida y despejada antes de llegar a la Contraloría«, recalcó.
A juicio de Alessandri, el Ejecutivo debe corregir la norma, pues “las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución”.
“Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal”, enfatizó.
DESBORDES: «ABSOLUTAMENTE INCONSTITUCIONAL»
Por su parte, en entrevista con el canal 24 Horas, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, opinó que «es absolutamente inconstitucional que esto esté un reglamento, pues «ese tipo de medidas deben estar en una norma y de ese estándar de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Creo que hay un error del Gobierno».
Aseveró también que «por supuesto que abre un flanco con los alcaldes, que hay molestia, porque, ¿cuáles son las causales de de cesación de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades?, casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes».
«Tiene que corregir eso. Evidentemente, conociendo el estándar que tiene la Contraloría, que es un alto estándar hoy día, es bien probable que eso sea rechazado. Y es complejo cuando la Contraloría te dice, ‘oiga, ¿cómo se le ocurre plantearme esto?’. No hay que ser constitucionalista para saber como abogado que esta norma no puede estar en un reglamento», alegó.
VODANOVIC: NO HUBO TRABAJO PREVIO
En tanto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, comentó a través de su cuenta en X (exTwitter) que «la Ley de Seguridad Municipal tiene por objetivo fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad, y no amenazar con quitarles autonomía».
«Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente», agregó.
Cuestionó tambipen que se hayan enterado por la prensa, «sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes».
«Esperamos que esto se pueda aclarar desde el Ejecutivo. La autonomía municipal también debe respetarse», enfatizó.
