Han llegado más de cien solicitudes de indulto y la mayoría de ellas se relacionan con hechos ocurridos en 1973, aseveró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Los casos vinculados al estallido social corresponden a una fracción reducida, añadió.
En ese sentido, aseguró que, en coordinación directa con la Presidencia, se han establecido criterios claros para resolver los y que «vamos a respetar el caso a caso y sobre la base de los antecedentes que nos arrojen las carpetas administrativas, se emitirá un pronunciamiento de acuerdo a la convicción».
En conversación con Mesa Central de Tele13, explicó que ninguna solicitud se resolverá con un simple rechazo o aprobación verbal, sino que cada expediente concluirá con una resolución fundada ajustada a derecho.
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El ministro precisó que «no hay un plazo establecido en la ley, y yo no tengo un plazo autoimpuesto, porque muchas veces lo que hay que hacer es un estudio muy cuidadoso siempre, y ese estudio tiene que llevar a una convicción, y adquirir esa convicción es siempre un proceso lento. Y esa convicción es tanto para aquellos casos en que corresponda pronunciarse afirmativa o negativamente de la solicitud».
Asimsimo, Rabat descartó que el Ejecutivo esté promoviendo iniciativas de amnistía o indulto general: «El gobierno no está hoy día con foco en esas leyes», afirmó, pues -dijo- el trabajo de la cartera está volcado prioritariamente a la agenda de seguridad y lucha contra la delincuencia.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat: «Mayoritariamente son indultos por hechos del régimen militar, del estallido hay menos»
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11 DE SEPTIEMBRE
El secretario de Estado defendió la decisión del Gobierno de no realizar alguna actividad conmemorativa por el 11 de septiembre, porque «han ocurrido 53 años de los hechos de 1973, y por lo tanto, lo que corresponde es transmitirle al país es que tiene un gobierno que está trabajando todos los días del año».
Añadió que «es importante porque hoy día los chilenos tienen un sinnúmero de problemas y necesidades, y lo que requiere es un gobierno que se encuentre abocado a buscar las fórmulas para solucionarlas».
También opinó que, si bien una conmemoración no impide trabajar, «genera un debate que hoy, atendidas las necesidades de la gente, nos desconcentra de ese foco».
Además, consultado si el Poder Ejecutivo debe tener una posición al respecto, respondió que «cada miembro como ciudadano las tiene, pero en algunos casos, como el mío, que soy ministro de Justicia y DDHH, esa posición pasa a un lado; hay que mirar el futuro y atender las necesidades de la gente».
NO ENAMORARSE DE LAS LEYES
Por otro lado, Rabat valoró el clima de negociación logrado en el Parlamento y destacó la aprobación unánime de la ley que amplía el periodo de flagrancia a 24 horas y otorga facultades a las policías para requerir material tecnológico —como cámaras de seguridad de comercios o testigos— sin autorización previa.
También resaltó el avance de reformas al Código Civil en materia de responsabilidad parental, proyecto que fue despachado con 12 votos a favor y ninguno en contra en la comisión respectiva.
El ministro enfatizó en la necesidad del diálogo y sostuvo que «para gobernar, en general, no debemos enamorarnos de nuestros proyectos de ley, sino que debemos ser capaces de adecuar esos proyectos».
En lo que respecta a su cartera, afirmó que el objetivo central es fijar un diagnóstico riguroso y buscar la solución más efectiva, entendiendo los detalles secundarios como fruto legítimo de la negociación política.
REMOCIÓN DE JUECES
Consultado sobre la decisión del pleno de la Corte Suprema de remover a 11 jueces por el mal uso de licencias médicas, Rabat sostuvo que «uno tiene que recordar un derrotero que ha fijado la presidenta Gloria Ana Chevesich».
«Ella cuando asume la presidencia de la Corte Suprema, en el discurso inagurral en marzo de 2026, deja muy clara cuál es la relevancia que tiene para el sistema judicial, que lo integra el Poder Judicial, pero también lo integramos los abogados, de cumplir con los máximos estándares éticos posibles», agregó
«Y desde ese punto de vista, me parce es que lo que ocurrió en las resoluciones, que todavía no se conoce su texto, es una respuesta a la necesidad que tenemos todos quienes integramos el sistema judicial, de tener un comportamiento ético intachable», planteó.
