La acusación constitucional contra Marco Antonio Ávila contiene siete capítulos de infracciones, la mayor cantidad que ha enfrentando alguna vez un ministro de Educación.
El libelo surgió a fines del mes pasado como una bandera de parlamentarios evangélicos -diputados Sara Concha y Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), Karen Medina (Partido de la Gente) y Eduardo Durán (RN)- que le cuestionaban al titular los planes de educación sexual. Sin embargo, el texto final fue el resultado de una negociación entre varias bancadas opositoras, que obligó a incluir puntos críticos que -según La Tercera- cada grupo le reprochaba a la gestión de Ávila.
De acuerdo con una minuta que circuló el domingo en el sector, la acusación apunta a la «inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (…) asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal».
«Es preciso insistir en que lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. Nada tiene que ver esta herramienta con su orientación sexual», afirma.
Las dos primeras causales aluden a los programas de educación sexual que impulsa el Mineduc: el capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las «Jornadas de Educación No Sexista», mientras que el II acusa una infracción del derecho preferente a propósito de las guías «Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile», que fueron actualizadas en mayo pasado suprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad.
No se incluirá, sin embargo, el caso de los abusos sexuales denunciados en una escuela en Talcahuano, Región del Biobío, dado que ocurrieron en el marco de un operativo de salud que era responsabilidad de la municipalidad y las autoridades sanitarias locales.
La causal III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la «Política de Educación Inclusiva». La IV, al rol de autoridad y conducción del sector educativo, reprochando asuntos como el retraso injustificado en la entrega de los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.
El capítulo V apunta a un incumplimiento del rol de supervigilancia sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre «educación no sexista» contenido en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público, y el VI, una infracción similar relativa a irregularidades detectadas en los programas «de Alimentación Escolar» y «de Alimentación Parvularia» de esa institución.
Durante la noche fue incorporado la causal VII, que describe problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación, que el texto tacha como un «incumplimiento de la ley».
LOS VOTOS NECESARIOS
La presentación de una acusación constitucional requiere sólo 10 firmas de diputados, umbral que en este caso fue superado con creces. El proceso contra Ávila cuenta con el respaldo de todas las bancadas opositoras, salvo de Evópoli, que al menos hasta el domingo no había resuelto su postura.
Con todo, si todos los comités opositores e independientes de derecha actúan en conjunto llegarían a 70 votos (23 de la UDI, 23 de RN, cuatro de Evópoli, 12 de Republicanos, siete independientes-socialcristianos, además de Gonzalo de la Carrera); y a 71 en caso de sumarse la PDG Karen Medina, que firmó el libelo a título personal.
Las acusaciones contra secretarios de Estado requieren sólo la mayoría de los diputados presentes en Sala (78 si están todos presentes) para que el libelo sea visado, en cualquiera de sus capítulos, y pase al Senado, que luego debe actuar como jurado.
