En medio de duras críticas al presidente Gabriel Boric y al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, diputados republicanos presentaron una querella criminal contra ProCultura y su el cofundador, Alberto Larraín.
La acción judicial también apunta a su representante legal, Constanza Gómez, y todos los funcionarios públicos que resulten como autores, cómplices o encubridores del delito de fraude al fisco.
La querella criminal contra ProCultura fue presentada por los parlamentarios Juan Irarrázaval y Agustín Romero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Acusa graves irregularidades en el millonario convenio entre la Gobernación Metropolitana (GORE RM) y la Fundación por más de $1.683.780.000.
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“Resulta evidente que en ningún momento existió un debido control sobre los fondos públicos. Ya el mero hecho de entregar -mediante un único giro- la totalidad de los dineros al inicio de los servicios, demuestra que se permitió dolosamente la defraudación por parte de ProCultura”, afirma la acusación.
“Tampoco se disponía de los medios adecuados para un control de los recursos y la efectiva prestación de los servicios contratados. En resumen, se entregaron a libre disposición la totalidad de los dineros, sin las mínimas medidas de control y fiscalización, a lo cual se encuentran obligados los funcionarios públicos que administran dineros del Fisco”, agrega.
«A TODO NIVEL»
“Hoy hablar de ProCultura es hablar de Gabriel Boric. Si no, no se explica que primero su actual mano derecha, y luego su ex pareja e incluso su terapeuta y amigo, estén vinculados en el caso a todo nivel”, acusó el diputado Juan Irarrázaval.
“¿Quién, si no alguien como él ha podido promover a ProCultura a lo largo de todo Chile y hasta las más altas esferas?”, cuestionó.
“La manera de llegar hasta el final es precisamente siendo parte de esta causa y observar su desarrollo. Creemos que los antecedentes conocidos sobre Miguel Crispi, Irina Karamanos y la Gobernación Metropolitana de Claudio Orrego son un buen punto de partida”, agregó.
Para el diputado Agustín Romero, “lo que ocurrió bajo la administración de Claudio Orrego es un escándalo de proporciones”.
“No solo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos para una fundación incapaz de cumplir con sus obligaciones, sino que esta decisión revela una falta de transparencia y una permisividad alarmante frente al mal uso de los recursos públicos”, aseveró.
