El senador Rojo Edwards (ind-RN) se sumó a las voces que exigen la salida del ministro Rabat, Fernando Rabat, tras la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Lea También: Schalper (RN) tilda de «error político» rebaja de penas a abusadores
En conversación con Radio Infinita, el parlamentario aclaró que no cuestiona las convicciones del secretario de Estado en materia de seguridad ni su postura frente a la delincuencia. Sin embargo, sostuvo que la magnitud de lo ocurrido hace necesario que deje el cargo.
Edwards afirmó que no considera que el ministro esté del lado de los delincuentes, sino que comparte la necesidad de aplicar sanciones firmes contra quienes cometen delitos. Pese a ello, estimó que las consecuencias de la decisión adoptada por Justicia superan la discusión sobre las intenciones del secretario de Estado.
“La magnitud del error es tal que yo sí creo que el ministro no debiese seguir en su puesto”, señaló.
Edwards advierte un costo político para el oficialismo
El senador sostuvo que la permanencia de Rabat podría prolongar la controversia y afectar uno de los principales compromisos políticos del sector, relacionado con la seguridad y la firmeza frente a la delincuencia.
A su juicio, el caso podría convertirse en un problema de largo alcance para el oficialismo y debilitar su discurso en una de las materias centrales de su agenda.
“Va a arrastrar a todo nuestro sector a un problema que se va a alargar, alargar, alargar y que afecta una parte importante del corazón de lo que es nuestro sector: darle duro a los delincuentes, ser firmes con esto”, afirmó.
Pese a pedir su salida, Edwards descartó que una eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat tenga posibilidades de prosperar. Argumentó que el Gobierno habría actuado dentro de las atribuciones que le entregaba la legislación vigente.
El parlamentario insistió en que, aunque considera que el secretario de Estado ha realizado una buena labor, el impacto del caso justifica que abandone el cargo.
“Yo creo sinceramente que el ministro, a pesar de haber hecho una buena labor, la magnitud del error es tan grande que creo que el ministro no debiese seguir y ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”, sostuvo.
PPD exige la renuncia del ministro Rabat
En paralelo, el Partido por la Democracia (PPD) pidió al Presidente José Antonio Kast solicitar la renuncia del ministro de Justicia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
La colectividad calificó la situación como de “absoluta gravedad” y advirtió que constituye una “señal de impunidad inaceptable”.
Además de exigir la salida del secretario de Estado, el PPD solicitó que el Ejecutivo impulse las acciones judiciales y administrativas necesarias para revocar los decretos que permitieron las reducciones de penas.
El partido también pidió disculpas públicas a las víctimas de violación y abuso sexual, especialmente a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Según la colectividad, las decisiones adoptadas representan una nueva afectación para quienes sufrieron estos delitos.
Oposición evalúa una acusación constitucional
El PPD advirtió que, si el Gobierno no responde a sus exigencias, respaldará una acusación constitucional contra el ministro Rabat junto con otras bancadas opositoras de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Para avanzar en esa posibilidad, la colectividad anunció que comenzará a estudiar los antecedentes jurídicos y constitucionales que podrían sustentar la acción.
La controversia mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y las alternativas para revertir los beneficios concedidos, mientras aumentan las diferencias dentro del mundo político respecto de la continuidad de Fernando Rabat en el cargo.
