Senado pone en discusión proyecto que liberaría a presos por causas de DD.HH

En el transcurso de la jornada, el Senado ha decidido incluir en la agenda de discusión y votación de este miércoles un proyecto de ley que regula la aplicación de penas alternativas para individuos que enfrentan enfermedades terminales o «menoscabo físico grave». Este beneficio se extenderá a hombres condenados que alcancen los 70 años de edad y a mujeres a partir de los 65 años.

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Concretamente, la propuesta de Senado se encuentra en su primera fase constitucional y no cuenta con carácter de urgencia. Su aprobación, respaldada por la totalidad de la coalición de derecha con 26 votos a favor, posibilitaría que el mencionado grupo de personas cumpla sus penas desde la comodidad de sus hogares.

En contraposición, el acuerdo recibió la oposición de los comités pertenecientes al Partido Socialista, Partido Por la Democracia (PPD), Independientes, Mixto Independiente, Partido Demócrata Cristiano (DC), y Partido Comunista (PC).

Cabe destacar que durante la reunión que originó la propuesta los representantes oficialistas Juan Ignacio Latorre (RD) y Esteban Velásquez (FREVS) no estuvieron presentes. Lo mismo ocurrió con los Demócratas, liderados por Matías Walker, quien no asistió a la reunión de este lunes. Argumentaron en contra de la inclusión en la agenda, sosteniendo que esta medida podría generar impunidad.

ARGUMENTOS

El proyecto de ley fue propuesto inicialmente por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel (RN) y Enrique Van Rysselbergue (UDI).

De acuerdo con el informe presentado junto con la iniciativa, los autores destacaron una preocupación que ya había sido expresada por la actual coalición gobernante a principios de este mes, durante la aprobación en la Comisión de Derechos Humanos.

Esta inquietud se centra en la posibilidad de «impunidad» que podría derivar del reemplazo de las condenas para aquellos individuos que cumplen con todos los requisitos, especialmente aquellos que tienen condenas por violaciones a los derechos humanos.

Los patrocinadores del proyecto argumentaron que, dado que propuestas anteriores habían enfrentado críticas por beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, llevaron a cabo un análisis sobre la doctrina y la experiencia comparada en esta materia.

Tras revisar diversos estudios e informes, los autores concluyeron que el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentado en el respeto a la dignidad humana, permite la aplicación de indultos compasivos o la sustitución de penas para aquellos condenados cuya salud o edad no sea compatible con el régimen penitenciario, ya que dicho régimen constituiría un menoscabo para su integridad física y psicológica.

En consecuencia, destacaron que la doctrina internacional, tanto en el estatuto de Roma como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en diversos instrumentos y recomendaciones internacionales, no prohíbe la aplicación de instituciones como la propuesta a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.