La investigación por presuntos delitos vinculados con licitaciones de alimentación escolar de la Junaeb alcanzó directamente al Congreso Nacional este jueves, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI revisaran las oficinas de los senadores Sergio Gahona, de la UDI, y Miguel Ángel Calisto, independiente. Ante el impacto institucional de las diligencias, la mesa del Senado aseguró que colaborará con el esclarecimiento de los hechos, aunque subrayó que ninguna investigación constituye una prueba anticipada de responsabilidad.
Las actuaciones forman parte de una causa que indaga eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco relacionados con contratos de la Sociedad de Servicios de Alimentación, Soser S.A. Los investigadores también efectuaron procedimientos en domicilios de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
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La mesa de la Cámara Alta sostuvo que entregará los antecedentes que soliciten las autoridades y facilitará el trabajo investigativo dentro del marco de sus atribuciones. Asimismo, declaró su compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, principios que calificó como esenciales para el funcionamiento de las instituciones y la confianza ciudadana.
Sin embargo, la corporación también marcó distancia de cualquier conclusión anticipada sobre los parlamentarios mencionados. En su declaración, advirtió que “la existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad”.
El Senado insistió en que la investigación debe avanzar con independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Finalmente, afirmó que la recuperación de la confianza pública depende de que las instituciones funcionen, los hechos se establezcan mediante antecedentes objetivos y las eventuales responsabilidades se determinen conforme a derecho.
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