Otra vez una acción de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert generó ruido en el Ministerio Público.
En un acto público y notorio, fueron el fiscal nacional (s), Roberto Garrido, junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Rodrigo Espinoza Olea, quienes entregaron los detalles del ingreso a Temunuicui y la captura del comunero mapuche Jorge Huenchullan. Nadie más. La secretaria de Estado no fue invitada.
En el punto de prensa destacaron lo exitoso del operativo policial y resaltaron en más de una ocasión el rol y coordinación de las tres instituciones junto con el Ejército, lo que ha permitido durante las últimas semanas realizar tres operativos en esa compleja zona de La Araucanía.
Por su parte, la ministra, en su propio punto de prensa adjudicó el éxito de la operación a las policías y a la fiscalía, pero también atribuyó parte de ella a su ministerio y al mandato del actual gobierno.
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“No vamos a parar. Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República, y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”, afirmó, y a renglón seguido aseguró que «siempre ha contado con el apoyo del presidente».
Añadió que “nosotros estamos trabajando duramente para coordinar estos operativos en todo lo que es La Araucanía. No puede haber parte del territorio en nuestro país donde el Estado no pueda estar presente. Por lo tanto, vamos a seguir con estas acciones coordinadas, responsables, eficientes”.
Eso, al igual que otras acciones de Steiner desde que asumió, cayeron pésimo al interior del Ministerio Público.
PASAN COSAS EN TEMUCUICUI
“El combate a los delitos que ocurren en ámbitos rurales y que cometen organizaciones criminales requiere de un trabajo permanente. No es posible generar cambios como los que hemos observado en los últimos años solo a raíz de la decisión de una persona”, afirmó el fiscal Garrido.
Destacó, asimismo, a que “en los cinco años que llevo como fiscal regional de La Araucanía lo que ha primado ha sido siempre la coordinación entre autoridades de distintos gobiernos. Este es el tercer gobierno con el que tenemos que relacionarnos como Ministerio Público y los lineamientos son básicamente siempre los mismos“.
“En este caso, investigaciones que llevaban mucho tiempo, que habían ido reuniendo antecedentes, que permitían solicitar autorizaciones judiciales, se ejecutaron en un periodo de tiempo porque las condiciones para poder ejecutarlas se presentaron así. Este trabajo tiene que continuar, las estrategias de cómo se realizan los operativos y cómo se realiza la persecución penal”, agregó.
Finalmente aclaró que “la labor del Estado en materia de seguridad es una labor permanente y no depende de ninguna manera ni de una autoridad en concreto de las policías, del Ministerio Público o del Ejecutivo”.
Incluso el antecesor de Steinert en el ministerio, Luis Cordero, aclaró que los tres operativos realizados a la fecha, “no son operativos estrictamente policiales o de orden público, sino que están en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público”.
“No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias, obtiene las autorizaciones y define el momento oportuno de las intervenciones”, dijo, y destacó el trabajo del fiscal Garrido, que «ha estado dando resultados no solo ahora, sino que desde hace un tiempo, y eso es una buena noticia para el país”.
VESTIRSE CON ROPA AJENA
Los desencuentros de la ministra con el Ministerio Público vienen desde que abandonó la fiscalía regional para incorporarse al gobierno. Primero, por la sospecha de que negoció con Kast desde antes de renunciar, pasando por la solicitud de renuncia de la ahora exjefa de inteligencia de la PDI Consuelo Peña por desarticular el equipo que encabezó el operativo que desbarató al Clan Cheng, a lo que se suma lo que califican en la fiscalía como su exagerado intento de figurar, donde el hecho más notorio ocurrió el 29 de abril pasado en la explanada de la Fiscalía Nacional, donde ella citó a la prensa para hablar sobre un caso de secuestro, sin invitar a Valencia ni al fiscal del caso (Héctor Barros).
Tampoco dejan pasar que se atribuye funciones que ya no tiene y que intenta aparecer casi a la fuerza en procedimientos que en muchos casos son producto de investigaciones de varios años, planteó El Mostrador, que además citó a al menos dos persecutores que reconocieron que “la esquivan”.
O que en el ámbito del crimen organizado no aclare que el “éxito” en contra del Tren de Aragua no le corresponde a ella, sino a la fiscal jefa de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Sacfi, de Iquique y al fiscal regional de ese entonces, Raúl Arancibia. Sobre todo, porque en su calidad de expersecutora, conoce perfectamente el funcionamiento y los tiempos de las investigaciones.
Como dijo a La Tercera un persecutor en off, “si la ministra no aclara y corrige estos dichos va a seguir ahondando la brecha que ya existe con los fiscales, porque a nadie le gusta que otros se vanaglorien con el trabajo ajeno».
UN PLAN «CONCRETO»
Si de momentos incómodos se trata, Steinert ha tenido muchos, pero quizás el peor fue el que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Frente a los parlamentarios leyó su intervención, tuvo dificultades en la presentación y reclamó porque no le permitieron usar un PowerPoint.
¿La guinda de la torta? Su declaración a radio Agricultura de que no esperaba “la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, afirmó.
Principalmente en la oposición, pero en parte también en el oficialismo (pero para callado), fue la gota que rebasó el vaso y el diputado PS Raúl Leiva anunció una interpelación en la Cámara de Diputados, a la que hasta ahora se plegó el Partido de la Gente (PDG). Sería después de la Cuenta Pública presidencial del 1 de junio.
¿CUENTA REGRESIVA?
Distintos analista coinciden en que Steinert es el eslabón más vulnerable del gabinete. Y que, si el Presidente decidiera realizar un ajuste ministerial en las próximas semanas, su nombre aparece entre los primeros en evaluación. Por lo mismo, la interpelación -admiten algunos en Palacio- podría transformarse en un punto de inflexión definitivo.
Aunque hoy el senador republicano Rodolfo Carter bajó el perfil a esa posibilidad y dijo que “nosotros no vamos a caer en la tentación de empezar con este festival de nombres”.
“Lo único que nosotros le pedimos a la oposición son tres cosas: primero que no traten de culpar a la ministra, que lleva dos meses en su cargo (…), que exista una voluntad real de escucharla y que le den la unanimidad para exponer su plan”, planteó por su parte el diputado UDI Eduardo Cretton.
De todos modos, la interpelación -la primera a un personero del actual gobierno- podría terminar convirtiéndose no solo en una ofensiva contra la gestión de seguridad del gobierno, sino también en un test de supervivencia en su cargo.
Y, de acuerdo con la edición de Hoy de La Segunda, en el oficialismo ya hablan de reemplazos para Trinidad Steinert. Rodolfo Carter, Arturo Squella y Juan Francisco Galli aparecen entre los nombres que suenan mientras crece la presión por su manejo en Seguridad.
