En la mañana de hoy, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la controversia relacionada con el informe de la Contraloría General sobre las pensiones de gracia concedidas en el contexto del estallido social a personas con antecedentes penales.
Esto surge después de la divulgación de un informe de la Contraloría General que reveló la presencia de delitos como «estafa, tráfico, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual» en los expedientes de algunos beneficiarios.
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Durante un encuentro con Carabineros, se le preguntó a Monsalve sobre los comentarios del exsubsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Galli, quien, en una entrevista con T13, indicó que las fuerzas de izquierda «presionaron para que se aplicaran (las pensiones de gracia) y las siguen defendiendo» después de la publicación del informe de la Contraloría.
INFORME DE LA CONTRALORÍA NO ES EL PRIMERO
Ante esta interrogante, Monsalve expresó su compromiso de no participar en disputas menores y resistir la tentación de responder.
Sin embargo, destacó dos hechos relevantes: que el informe de la Contraloría mencionado no es el único, ya que este organismo también llevó a cabo una auditoría y fiscalización de las pensiones de gracia durante todo el año 2021.
En este sentido, sugirió la lectura del segundo informe para comprender la situación del Departamento de Acción Social y la entrega de pensiones de gracia cuando el actual gobierno asumió funciones.
Además, Monsalve enfatizó que, si el primer informe fue considerado contundente, el segundo debería ser aún más crítico. Por lo tanto, instó a analizar detenidamente antes de hablar sobre las responsabilidades de cada parte.
Junto a ello, informó que se ha enviado una solicitud formal a la comisión asesora para revisar las 69 pensiones en cuestión, proceso que ya ha concluido. Esa revisión se presentará al Presidente de la República para ver cuántas de ellas serán revocadas.
