La ministra del Interior, Carolina Tohá, se pronunció sobre la propuesta de miembros del Partido Comunista (PC) de llevar a reformar las pensiones de gracia ante el Tribunal Constitucional (TC) e incluso elevar el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto incluye su revocación.
Esto ocurrió después de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que contempla modificaciones a la ley Nº18.056, la cual establece normas generales sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República. Esta decisión generó malestar en el PC.
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En este contexto, la diputada comunista María Candelaria Acevedo formalizó la idea de recurrir al TC si avanza la revocación de las pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo.
Incluso, en caso de no prosperar en dicha instancia, se contempla elevar el tema hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
PARTIDO COMUNISTA (PC)
Adicionalmente, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, expresó: «Cómo partido, nosotros tenemos una visión crítica de cómo el gobierno ha manejado ciertos debates», refiriéndose a las diferencias en torno a las pensiones de gracia.
Añadió que no hay problema en revisar a los beneficiarios, pero señaló que «no se aceptará que se intente equiparar el debate sobre pensiones de gracia con el de delincuentes».
En respuesta a estos comentarios, la ministra Tohá afirmó: «Ciertamente hay actores que tienen una opinión crítica sobre esta revisión y creen que no debería haberse llevado a cabo; tienen herramientas para reclamar en distintos organismos».
También destacó que, como Ejecutivo, realizaron una revisión exhaustiva antes de tomar este camino, reconociendo que la retroacción de estas pensiones puede judicializarse.
En este sentido, Tohá señaló: «Llegamos a la conclusión de que tenemos una posición sólida para respaldar esta decisión administrativa, y por eso optamos por este camino.
Por supuesto que nos complica, pero es parte de los derechos que tiene un parlamentario si tiene objeciones. En democracia, cada órgano tiene su competencia y su ámbito de acción, y así funciona la democracia; no es un ejército».
Ante la afirmación de Figueroa comentó: «No se aceptará que se pretenda homologar el debate de pensiones de gracia con el de delincuentes», Tohá respondió: «Por supuesto que eso no puede ocurrir. El Ejecutivo tiene muy claro que hay ciertos tipos de daños que deben ser compensados con una pensión de gracia, independientemente de los antecedentes penales».
Explicó que cuando el daño es permanente y tiene un impacto significativo en la vida de las personas, no se retirarán esas pensiones. Sin embargo, en casos donde los antecedentes penales son graves y el daño no es tan severo, la posición del Ejecutivo es revisar y, en algunos casos, retirar la pensión.
