A través del oficio N° E33069/2025 la Contraloría General de la República actualizó la regulación sobre el uso de gastos reservados y dejó sin efecto el instructivo vigente desde 2003.
Responde, en parte, al cuestionamiento al uso de estos recursos por parte del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva acusado de violación.
La investigación sigue en curso, pero el caso trasparentó la falta de regulación efectiva en la rendición de estos fondos y derivó en este ajuste normativo.
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La norma establece directrices más estrictas para su manejo.
Reafirma que solo pueden disponer de ellos entidades como la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, además de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Una de las principales modificaciones es la obligación de las organizaciones autorizadas de identificar mediante resoluciones reservadas las unidades operativas que manejarán estos fondos, detallando las jefaturas responsables y sus eventuales subrogantes.
Estas resoluciones deberán ser remitidas a la Contraloría para un mayor control sobre quiénes acceden a los gastos reservados.
DECLARACIÓN DE INTERESES
Del mismo modo, las jefaturas responsables deberán presentar una Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), en línea con la Ley de Probidad en la Función Pública (20.880). Eso incluye información sobre cuentas bancarias, seguros y otros activos de su propiedad o de familiares directos. La idea es prevenir conflictos de interés y mejorar la transparencia.
Otro cambio significativo es la exigencia de rendir caución para el manejo de estos recursos, alineándose con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría (10.336). Se busca así evitar malversaciones y asegurar la responsabilidad financiera de quienes administren estos fondos.
Además, las jefaturas deberán proporcionar información detallada sobre el uso de los gastos reservados para la elaboración de informes semestrales y un consolidado anual, el cual será remitido a la Contraloría General.
