Tal como lo había solicitado un grupo de concejales, el Tribunal Electoral Regional (TER) de la región de O’Higgins removió de su cargo al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Esto, por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de sus deberes.
El jefe comunal fue formalizado en abril pasado por delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno, con un monto defraudado ascendente a $2.300 millones, según lo planteado por la fiscalía de O’Higgins en la audiencia donde se fijó la cautelar.
En su resolución de 132 páginas del 11 de junio el TER declaró que “don Juan Ramón Godoy Muñoz, ha incurrido en la causal de cesación del cargo de Alcalde para esa comuna”.
INHABILITADO PARA CARGOS PÚBLICOS
Agregó el tribunal electoral que “una vez que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia, don Juan Ramón Godoy Muñoz, quedará removido de su cargo, e inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años”.
Una vez que eso suceda, se procederá a nombrar a su reemplazante en conformidad a la ley.
Por mientras, está como alcalde suplente el concejal Emerson Avendaño (ind.-FA).
En la causa conta el ahora exjefe comunal también están siendo indagados cuatro empresarios de la región -Javier Ignacio Cornejo Diez de Medina, Diego David Barba, Carlos Rodríguez Cajas y Daniel Salazar González-, que habrían prestado servicios para el entonces alcalde bajo condiciones, presuntamente, irregulares.
TAMBIÉN EL CDE Y EL SII
Juan Ramón Godoy, exmilitante del PS, es investigado por el Ministerio Público por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.
También enfrenta querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Servicio de Impuestos Internos (SII).
La querella del CDE lo acusa de cometer una serie de irregularidades en su calidad de presidente de la Corporación Municipal y alcalde en ejercicio de Rancagua, materializadas por medio de una administración desleal de los fondos públicos, ocasionado con ello un perjuicio económico al erario fiscal.
Entre los ilícitos cometidos, según la investigación, están el pago de montos en exceso por licitaciones adjudicadas, la advertencia a particulares de una licitación venidera (y adjudicarla) aceptando por ello beneficios económicos o de otra naturaleza para sí o terceros.
