Claudio Orrego continuará al frente del Gobierno Regional Metropolitano luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara el requerimiento presentado para removerlo de su cargo. La resolución despeja una de las principales amenazas que enfrentaba la autoridad desde su reelección en noviembre de 2024.
Consejeros regionales de oposición, principalmente representantes del Partido Republicano y la UDI, impulsaron la acción. Los requirentes acusaban a Orrego de un eventual notable abandono de deberes y de cometer faltas graves al principio de probidad administrativa.
CUESTIONAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA
La presentación se apoyaba, entre otros antecedentes, en el informe final N.º 873 de 2024 de la Contraloría General de la República. El documento cuestionó diversas actuaciones del Gobierno Regional Metropolitano durante el periodo previo a las elecciones.
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Las observaciones incluían contrataciones de asesorías mediante trato directo, el uso de redes sociales personales para difundir actividades institucionales y el financiamiento de un servicio de coaching que abordó materias relacionadas con la contingencia política y la campaña de reelección.
Uno de los puntos centrales correspondía a una asesoría contratada por cerca de $31 millones. La Contraloría advirtió que parte de las reuniones examinadas se habría alejado de los objetivos institucionales para tratar asuntos vinculados con la estrategia electoral de Orrego.
A partir de esos antecedentes, los consejeros sostuvieron que pudo existir un uso indebido de recursos públicos y atribuyeron responsabilidad al gobernador como máxima autoridad del organismo regional.
DEFENSA DESCARTÓ INFRACCIONES GRAVES
La defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara, negó las acusaciones y argumentó que los antecedentes presentados no permitían acreditar una infracción grave a la probidad ni un notable abandono de deberes.
Durante la tramitación, el equipo jurídico también expuso el término de otros procedimientos relacionados con los mismos hechos. La Fiscalía Oriente decidió no perseverar en la investigación penal por las asesorías, mientras que el Servicio Electoral archivó su indagatoria.
El Servel concluyó que los desembolsos analizados no correspondían a gastos electorales y que no existían antecedentes suficientes para formular cargos. Aunque esas decisiones no obligaban al Tricel, fueron incorporadas por la defensa como elementos favorables para Orrego.
SE MANTIENE EN EL CARGO
El Tribunal Calificador de Elecciones debía determinar específicamente si el gobernador había incurrido en responsabilidades administrativas o electorales que justificaran su remoción. Finalmente, el organismo rechazó la solicitud.
La resolución permite que Claudio Orrego siga ejerciendo el cargo para el cual fue reelegido y descarta, en este procedimiento, tanto su destitución como la eventual inhabilitación para desempeñar funciones públicas.
