“El guardar silencio no es una forma de colaborar, pero la declaración de un imputado no es una diligencia de investigación, sino que es propiamente un derecho”, dijo el fiscal nacional Ángel Valencia.
El persecutor fue consultado sobre la investigación en curso por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para transformarla en un museo.
La polémica se suscitó porque dos de los cuatro vendedores son la senadora Isabel Allende (PS) y la ministra de Defensa, Maya Fernández, que por sus cargos no pueden celebrar contratos comerciales con el Estado.
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Ambas fueron citadas a declarar en calidad de imputadas y usaron su derecho a guardar silencio.
DISTINTAS LÓGICAS
Valencia aclaró que “los tiempos, las lógicas de la política son distintas de las lógicas de una investigación penal”.
«Desde el punto de vista de la investigación penal, el fiscal regional de Coquimbo lleva adelante una investigación» , explicó.
Esta «es ampliamente conocida por las circunstancias en las cuales se habría acordado o tranzado la venta de una vivienda que perteneció al presidente Allende”, continuó.
Agregó que «esa investigación sigue por una cuerda y en aquella investigación, tal como en todas, no hay nadie sobre la ley».
«Las personas que tienen la calidad de imputados pueden renunciar a su derecho a guardar silencio o guardar silencio. En consecuencia, eso tiene un límite, una lógica hacia lo que mejor les conviene a su estrategia de defensa», aseveró.
DECISIÓN DE LA DEFENSA
“Respecto de la política, de las consecuencias, de reflexiones políticas en torno al ejercicio de esos derechos que establece la ley, a mí no me corresponde emitir opinión o comentarios”, recalcó.
El fiscal nacional expresó que «confiamos en que -tal como en otras investigaciones de esta naturaleza o que tienen que ver con actos del Estado- vamos a contar con la colaboración del Ejecutivo, como también de la Contraloría o de los demás servicios relacionados».
Finalmente, Valencia reiteró que guardar silencio «es el derecho de una persona que está siendo investigada. En consecuencia, si va a cooperar o no cooperar en esa investigación penal, si se va a prestar declaración o no se va a prestar declaración como medio defensa, es una decisión que le corresponde al imputado, a su defensa. No procede que el Ministerio Público emita una opinión sobre el particular».
“Los tiempos, las lógicas de la política son distintas de las lógicas de una investigación penal”, dijo.
