Lo dijo hasta el cansancio, a quien se lo preguntara y a quien lo quisiera escuchar: el presidente José Antonio Kast aseguró en todos los tonos que en su gobierno no habría recortes en beneficios sociales, pero hoy- a menos de dos meses de su llegada al poder- eso está cambiando drásticamente y un decreto firmado el 24 de abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estableció una reducción presupuestaria de $32.721 millones al ministerio de Desarrollo Social y Familia.
¿Los más afectados? Programas sociales prioritarios dependientes de esa cartera, especialmente en áreas de infancia, juventud y pueblos indígenas.
Entre ellos está el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), encargado de la protección de menores vulnerados, con más de 12.748 millones de pesos. También la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (7.634 millones), particularmente en fondos de tierras y apoyo a comunidades; el Instituto Nacional de la Juventud (3.859 millones); la subsecretaría de la Niñez (3.359 millones), el Servicio Nacional de la Discapacidad (1.135 millones) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (318 millones), entre otros.
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Por su parte, el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar) experimenta una reducción de 1.850 millones de pesos, además de otras de acompañamiento familiar y políticas de desarrollo social orientadas a sectores vulnerables.
El documento fue firmado por Quiroz el mismo día en que se da a conocer el «Día de la Teletón» y, también, la circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que recomendaba “descontinuar” o reformular decenas de programas estatales, y que el gobierno ha intentado vehementemente explicar que no debía ser de dominio público y que, en realidad, las palabras utilizadas no eran «precisas» y que no querían decir lo que en realidad querían decir.
Según el ministro, “descontinuar” ( interrumpir, parar, detener, según la RAE), en realidad significaba rediseñar.
Ocurre, también, en el contexto de la discusión de la megarreforma del gobierno, que entre otros aspectos busca rebajar el impuesto a los sectores más ricos. Y se suma, además, a las recomendaciones del ministerio de Hacienda para el presupuesto 2027, que incluyen una reducción de al menos un 15% en el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pilar clave del sistema de pensiones solidarias.
ANEF: «UN ATAQUE FRONTAL A DERECHOS SOCIALES»
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ya advirtió que el decreto del ministerio de Hacienda “recorta de forma inmediata la ejecución presupuestaria 2026 de servicios esenciales” de la cartera de Desarrollo Social.
“Se trata de medidas que impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía”, agregó, y calificó el decreto como “un ataque frontal a derechos sociales y obligaciones de protección prioritarias”.
También enfatizaron que “eliminar por decreto financiamientos y líneas programáticas aprobadas por ley constituye, a lo menos, un grave motivo de prevención jurídica y política”, lo que podría tensionar las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria.
La ANEF recordó, asimismo, que el gobierno está reduciendo el gasto social mientras impulsa cambios tributarios que beneficiarían a los segmentos de mayores ingresos.
Kast en campaña: La izquierda miente, nosotros no tocaremos la PGU, por eso lanzamos la campaña; “Te Amo PGU”, porque la PGU no la tocaremos.
1 mes y medio de gobierno y ya Radio BioBio avisa: Gobierno propone recortes a 260 programas sociales, incluyendo la PGU: https://t.co/D4urlFBccm pic.twitter.com/ABQhpaeVOQ
— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) April 29, 2026
