Presidenta del Perú es denunciada por presunto delito de homicidio
La Fiscalía peruana presento una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte y seis de sus ministros por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves. La denuncia se relaciona con las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas masivas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Esta es la segunda denuncia presentada contra Boluarte, después de que la primera fuera rechazada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La denuncia incluye a los ex presidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, el ex ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta y los ex ministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Delito se habría cometido durante protestas entre diciembre del 2022 y febrero 2023
Los hechos denunciados se refieren a protestas en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Según un comunicado de prensa de la fiscalía, se registraron 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por impacto de bomba lacrimógena) y 116 personas con lesiones graves y leves (78 por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
La fiscalía sostiene que Boluarte y los ministros mencionados tenían poder de mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que les permitía evitar la represión violenta. Al no actuar, incurrieron en un delito de omisión impropia con dolo eventual, lo que los hace responsables de las 44 muertes y 116 heridos.
Protección en el Congreso
El Congreso puede proteger a la presidenta mientras esté en el cargo, pero no puede extender esta protección indefinidamente. La subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó la primera denuncia, presentada el 27 de noviembre de 2023, que incluía el cargo de genocidio, con 14 votos en contra y solo cuatro a favor, el 18 de julio de 2024.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha presentado la nueva denuncia, que omite el cargo de genocidio debido a la falta de pruebas. La denuncia busca que el parlamento autorice el procesamiento de Boluarte ante el Poder Judicial, aunque la negación de esta autorización solo pospondría el trámite hasta cinco años después de que deje el cargo.
El Congreso admitió una denuncia separada presentada el 27 de mayo de 2024, en la que se acusó a Boluarte de cohecho propio por recibir regalos valiosos a cambio de beneficios presupuestarios.
Cadena de Mando
La presidenta Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tenía la responsabilidad de prevenir y controlar situaciones que pusieran en peligro a los manifestantes. La cadena de mando, que incluía a los ministros y jefes operativos, no emitió órdenes para evitar el uso de fuerza excesiva. Un informe de la fiscal Rosa Retamozo Eguía documenta la represión en Andahuaylas, donde la policía usó armas de fuego causando varias muertes, incluyendo la de un menor de 16 años.
Los familiares de las víctimas exigen justicia, mientras el país observa cómo se desarrollan los procesos judiciales contra la presidenta y sus exministros.
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En las protestas del 27, 28 y 29 de julio contra el régimen de Dina Boluarte, la Policía volvió a realizar un uso excesivo de la fuerza contra mujeres y jóvenes que solo ejercían su derecho a la protesta e intentaban defenderse de la represión. Durante las protestas se… pic.twitter.com/MoeZhCosHz
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) July 31, 2024
