Daniel Andrade Schwarze, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) y representante legal de la ONG Democracia Viva, presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito para solicitar ser parte, en calidad de imputado, en la investigación en curso respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Antofagasta y la fundación que él encabeza. También ofreció poner a disposición de tribunales las copias de los cuestionados contratos.
La causa se mueve entre Antofagasta y Santiago, pues es en estas ciudades donde se cerraron los tres contratos entre Democracia Viva y el Serviu por un total de $ 426 millones.
“Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona, debido a que, en mi calidad de representante legal y presidente de la fundación sin fines de lucro denominada ‘Democracia Viva’, suscribí, entre los meses de septiembre y octubre del año 2022, con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta (SEREMI Antofagasta) y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (SERIVU Antofagasta), tres convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria y diagnósticos socio territoriales y planes de intervención de diversos campamentos ubicados en la ciudad de Antofagasta, por este acto solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales”, describe el escrito, difundido por La Tercera PM.
Andrade le pidió al tribunal accediera lo solicitado y ser considerado como interviniente en la causa que tramita la Fiscalía en calidad de imputado. Además, manifestó su voluntad de colaborar con la indagatoria. Por lo mismo, expuso en el escrito: “Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones”.
Es primera vez que el militante de Revolución Democrática aparece desde que se inició la polémica.
En su presentación ante el tribunal el ex dirigente estudiantil adjuntó las copias de las escrituras notariales en las que se constituyó la Fundación Democracia Viva y las resoluciones de los contratos entre la ONG y el Serviu de Antofagasta.
Además, incluyó la “copia de documento denominado ‘Protocolo para suscripción convenios con instituciones privadas sin fines de lucro’, elaborado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta para fijar criterios que propendan a la eficiencia, eficacia y correcto uso los recursos públicos, en las transferencias efectuadas a terceros, en particular a las instituciones privadas sin fines de lucro, fijando ciertos requisitos mínimos necesarios para la suscripción de convenios y transferencia de recursos”.
Para su defensa, Andrade designó para conformar su defensa a cuatro abogados: José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Etcheberry, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sporman Uribe.
FISCALÍA ENVÍA ANTECEDENTES AL CDE
En paralelo a la presentación de Andrade, la Fiscalía sigue derivando diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI , entre ellas, una solicitud de antecedentes al Ministerio de Vivienda, sobre cómo se llevó a cabo el proceso de trato directo que sellaron los millonarios aportes.
Pero, además, el fiscal a cargo de la indagatoria, Cristian Aguilar, notificó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a fin de que emprenda las acciones que considere necesarias.
“Fue puesto en conocimiento, respecto de la apertura de la investigación, el Consejo de Defensa del Estado, para los efectos de que ellos adopten las medidas que sean pertinentes de acuerdo a la esfera de sus competencias”, comunicó el persecutor junto con confirmar que se indagan presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
