Nacional y economía

Presidente de la Corte Suprema: «Son declaraciones personales» de la ministra Vivanco

Santiago, Chile

Agencias

Sobre el fallo, el ministro sostuvo que «esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema; no es la decisión del pleno de la Corte Suprema».

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, intentó este lunes bajar el tono a la polémica por el fallo que obliga a las isapres a devolver los excedentes a sus afiliados, luego de que el fin de semana la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, afirmara que los beneficiaros son aquellos que presentaron acciones judiciales.

Fuentes, al ser abordado por la prensa, manifestó que «no voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde. Esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella».

Sobre el fallo, el ministro sostuvo que «esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema; no es la decisión del pleno de la Corte Suprema».

«No puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo porque si hay un tema que llega al pleno, en él se analiza y se toman los acuerdos», zanjó.

Desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo remarcó que «lo fundamental, más allá de una entrevista, es que la Corte Suprema -como institución y como poder autónomo y separado del Poder Ejecutivo- termine por aclarar y resolver este debate que se ha abierto a partir de la entrevista del fin de semana».

El recurso de aclaración, confirmó la vocera de Gobierno, será enviado «lo antes posible, esperamos que en las próximas horas».

En paralelo, un grupo de diputados del oficialismo ingresó esta mañana un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie respecto al proyecto alternativo impulsado por senadores de la oposición que busca dar cumplimiento al fallo de la Suprema, que, según los parlamentarios de izquierda, alteraría el cumplimiento del dictamen.

Según dijo el diputado Luis Cuello (PC), 43 fueron los legisladores que apoyaron la iniciativa que busca declarar inconstitucional de la propuesta de la derecha, que califican como «un salvataje» y un «perdonazo para las isapres que practicaron cobros indebidos a miles de afiliados».

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