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Prisión preventiva: solo un tercio de los imputados termina condenado

Cristian Navarro H.

La prisión preventiva se decretó en el 9% de las causas ingresadas al servicio, lo que afectó a 25.431 personas a nivel nacional. Esta cifra evidencia un uso excesivo de esta medida cautelar, que debería ser la excepción y no la regla.

Prisión preventiva: solo un tercio de los imputados termina condenado

El defensor público Carlos Mora Jano reveló que solo un tercio de los imputados que estuvieron en prisión preventiva durante el año 2023 fueron finalmente condenados a penas efectivas de cárcel. Esta cifra, que representa un 37,8% del total, enciende las alarmas sobre el uso excesivo de esta medida cautelar y sus potenciales consecuencias.

Mora Jano advirtió que la prisión preventiva podría convertirse en una suerte de «condena anticipada» para miles de personas que eventualmente podrían ser absueltas o recibir penas no privativas de libertad. Esta situación vulnera la presunción de inocencia y genera un impacto negativo en la vida de los imputados, incluso si finalmente son declarados inocentes.

Cifras alarmantes

21.833 personas estuvieron en prisión preventiva durante el año 2023.
Solo 8.245 de ellas fueron condenadas a penas efectivas de cárcel.
2.007 personas fueron privadas de libertad y luego declaradas inocentes o no condenadas.

Menores de edad aún más vulnerables

En el caso de los menores de edad, la situación es aún más preocupante. De los 1.352 adolescentes que estuvieron internados provisionalmente, solo 329 fueron condenados a penas privativas de libertad, lo que representa un 27,3%.

La prisión preventiva se decretó en el 9% de las causas ingresadas al servicio, lo que afectó a 25.431 personas a nivel nacional. Esta cifra evidencia un uso excesivo de esta medida cautelar, que debería ser la excepción y no la regla.

Compromiso con la defensa justa

Según Mora Jano la Defensoría Penal Pública continuará trabajando para proteger la presunción de inocencia y garantizar el derecho de cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y el debido proceso.

Para el profesional es urgente revisar las políticas públicas y los criterios para la aplicación de la prisión preventiva, con el objetivo de evitar su uso excesivo y garantizar que solo se aplique en casos excepcionales y justificados. La justicia no puede basarse en la privación preventiva de la libertad, sino en el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

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