El pasado 25 de julio se realizó la segunda autopsia al cuerpo del conscripto Franco Vargas, que falleció durante una marcha de instrucción del Ejército en la comuna de Putre, y sus resultados serán entregados la próxima semana.
La exhumación –en la que participaron la Brigada de Homicidio de la PDI, Lacrim y peritos del SML– busca esclarecer las circunstancias bajo las cuales murió el joven de 19 años.
De acuerdo con una investigación de Mega, los investigadores calificaron el primer examen tanatológico del cuerpo como “deficiente” y aseguraron que entorpeció la “labor investigativa”, pues solamente arrojó como causal de muerte un deceso súbito.
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Según el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, la idea ahora es que «se despejen todas las dudas posibles que nos pueda entregar los restos de Franco Vargas”.
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
De hecho, no se descarta abrir una investigación administrativa para determinar eventuales sanciones o responsabilidades contra el equipo de peritos tanatológicos que aplicaron el procedimiento, aunque desde el Servicio Médico Legal (SML) aseguraron que, por ahora, no se evalúa una medida de esa naturaleza y que se deberá esperar el resultado de la segunda autopsia.
Esta se realizó bajo el Protocolo de Minnesota, un estándar internacional que se aplica en casos de personas que fallecieron bajo la custodia del Estado, donde se aplican un conjunto de normas recomendadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Uno de los nudos que deberá despejar la investigación es determinar qué tan alto escala la responsabilidad de mando, es decir, qué cuota de participación les cabe a los oficiales que estaban a cargo del grupo esa madrugada.
En ese sentido, uno de los delitos que se investigarán y que se podría configurar a medida que avancen las pericias es un cuasidelito de homicidio en contra de quienes resulten responsables, además de apremios ilegítimos.
