Diputados de Renovación Nacional (RN) han propuesto un proyecto de ley para «suspender o disolver» partidos políticos que ejerzan presiones indebidas o acosen a miembros del Poder Judicial.
Los legisladores citan ejemplos como las protestas continuas frente al complejo de la Fiscalía en calle Pedro Montt y otras manifestaciones en las cercanías de Capitán Yáber y el Palacio de Tribunales en Santiago Centro.
Estas acciones fueron llevadas a cabo por militantes y seguidores del PC en respuesta a la formalización y prisión preventiva del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
DIPUTADOS DE RN
En reacción, los diputados de Renovación Nacional Camila Flores, Marcia Raphael, Andrés Celis, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Miguel Becker, Jorge Rathgeb y Diego Schalper, junto a la jefa y subjefe de bancada Ximena Ossandon y Hugo Rey, presentaron un proyecto de ley para modificar la ley N°18.603 orgánica constitucional de los Partidos Políticos.
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La propuesta establece: «Los partidos políticos deberán abstenerse de cualquier intromisión indebida o injustificada en procesos judiciales, manifestada en la forma de violencia, amenaza, represalia, intimidación o acoso a miembros del Poder Judicial; como consecuencia del desempeño de sus funciones jurisdiccionales».
PARTIDO COMUNISTA
Según el proyecto, si un partido infringe esta norma, se le impondrá una suspensión. Si persiste en la conducta, se le podrá disolver.
Recientemente, se sumaron a las actividades del PC las gestiones del presidente del partido, Lautaro Carmona, quien se reunió con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para quejarse del “estricto” régimen de visitas de Jadue, según confesó Carmona en una entrevista radial.
PROYECTO
El proyecto subraya que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, describió las manifestaciones frente a la Fiscalía como una “barra” y una “afrenta velada contra el Poder Judicial y los jueces”.
Destaca que, aunque la libertad de expresión es esencial en una democracia, su uso abusivo para influir en la independencia judicial excede el ámbito de protección de esta garantía.
Además, se señala que, aunque los partidos están regulados por una ley orgánica constitucional en cuanto a su participación ciudadana, registros y contabilidad, la libertad concedida no incluye actos que busquen intimidar a la judicatura para favorecer intereses políticos, ya que esto pone en peligro el régimen democrático y el ejercicio libre de los derechos fundamentales.
