Los diputados de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum (integrante de la Comisión de Trabajo), Camila Flores, Paula Labra, Ximena Ossandón, Jorge Rathgeb, Miguel Mellado y Diego Schalper, enviaron un oficio a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y al director del Trabajo, Pablo Zenteno, para que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la remoción de Isabel Amor como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos.
Amor accedió al cargo tras un concurso de Alta Dirección Pública y su salida se produjo en menos de 72 horas, lo que provocó -al menos- cuestionamientos.
En el oficio, los parlamentarios expresaron su preocupación y afirmaron que «existe en este caso una evidente vulneración de derechos».
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«Fue desvinculada a poco de asumir sus funciones, sin claridad sobre los reales motivos de su salida. Ante tal incertidumbre, trascendió que el problema subyacería a la situación de su padre, quien fue condenado por su participación en hechos delictivos contrarios a los Derechos Humanos», pero «la señora Amor accedió al cargo tras un extenuante concurso público, cuenta con antecedentes de formación y experiencia laboral que justifican su posición en el cargo y, para asumir sus nuevas funciones, renunció a su cargo laboral anterior, lo que evidencia de paso su disposición para asumir las labores adjudicadas», dice el documento.
También expone que «el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género afirma que la desvinculación se justifica en una ‘pérdida de confianza’ que a su vez ocurre con ocasión de las supuestas declaraciones vertidas por la ex directora, pero esto contraría abiertamente el derecho a la libertad de expresión y de opinión, reconocido a nivel constitucional y tutelado en el ámbito laboral en virtud de lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo».
Así, el diputado Sauerbaum señaló al respecto que «nos parece del todo discriminatorio que el Gobierno atribuya la pérdida de confianza para no mantener en el cargo a alguien que ganó su puesto de manera legítima a través de un proceso público».
«Nos parece discriminatorio, nos parece arbitrario y, por lo tanto, estamos pidiendo una aclaración ojalá lo más rápido posible», añadió el congresista.
El oficio destaca que, a pesar de las consultas realizadas, las respuestas del Gobierno han sido «insatisfactorias y poco claras». En este sentido, se exige que se tomen medidas dentro de las atribuciones del Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo para investigar y sancionar cualquier vulneración de derechos laborales.
«Estos casos no pueden quedar impunes simplemente por una mala decisión o simplemente una decisión antojadiza. Una persona que estuvo en un proceso de Alta Dirección Pública no puede ser removida de esta manera», concluyó Sauerbaum
