Política

Senador Flores propone comprar avión a la PDI para expulsiones de extranjeros

Agencias

Iván Flores
“Ya están las cotizaciones, la PDI ya lo planteó al gobierno», dijo el parlamentario.

“Juntemos dos años presupuestarios y compramos el avión a la PDI. Y podemos hacer todos los vuelos que el Estado decida para concretar las expulsiones. La solución es simple, pero hay que tener voluntad política”, es la propuesta que formuló el senador DC Iván Flores en el marco de la tramitación del Presupuesto 2024 para así aumentar el número de expulsiones de extranjeros que han cometido delitos en el país.

“En este tironeo entre el gobierno y la oposición donde se amenaza con una acusación constitucional si no se expulsan a 12 mil personas, solo puedo decir que es un tema serio”, precisó el legislador de la Democracia Cristiana.

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“No exijamos lo imposible y pongamos los recursos. Por lo mismo, hago un llamado al gobierno. Si la imposibilidad es no poder hacer aterrizar aviones de la Fuerza Aérea en Venezuela, y quien tiene la responsabilidad de hacer las expulsiones efectiva es la PDI, cómprenle un avión a la PDI”, propuso el senador Flores.

Además, el representante de Los Ríos e integrante de la comisión de Seguridad del Senado aseguró que “ya están las cotizaciones, la PDI ya lo planteó al gobierno».

Un avión de 80 pasajeros de vuelo rápido vale 15 mil millones de pesos, detalló,  y permitiría realizar expulsiones desde enero.

«HAY SIETE MIL MILLONES DE PESOS»

“En el próximo presupuesto hay siete mil millones de pesos para expulsar en el mejor de los casos a dos mil personas, porque en los vuelos comerciales solo permiten dos expulsados con cuatro funcionarios de la policía custodiando. Entonces, con el presupuesto de dos años se puede comprar el avión institucional y que sea la PDI, que tiene los pilotos, que tiene la bencina y el conocimiento, y lleve 80 personas, mitad expulsados y mitad policías”, concluyó.

Flores acotó de paso que en el gobierno de Sebastián Piñera “la cantidad de expulsados fue muy poca, porque teníamos un marco legal que no daba cuenta de las necesidades, mecanismos ni plazos para expulsar”.

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