Política

Senador Latorre enloda a ministro Montes: “sabía desde antes” y este lo desmiente. En plena pelea, el SII afirma que Democracia Viva no tenía giro de obras al recibir dineros. ¿Qué podría salir mal?

Santiago, Chile.

Mario López M.

Tras la debacle inminente que afecta a Revolución Democrática, a propósito del caso “polologate”, en el marco de tratos directos entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la pareja de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de ese mismo partido, por la suma de más de $420 millones de pesos, entró al ruedo la responsabilidad de la subsecretaria del MINVU, Tatiana Rojas (RD), quien es responsabilizada por los millonarios convenios entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva. Tras revelarse que tuvo conocimiento del caso en mayo pasado. Incluso, parlamentarios de derecha pidieron su renuncia por hacerse «cómplice de estas irregularidades».

DIMES Y DIRETES

Ante ello, salió en su defensa el presidente de Revolución Democrática, senador juan Ignacio Latorre, asegurando que la señalada funcionaria había comunicado el 3 de mayo estos hechos, entre otras autoridades, nada menos que al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), con lo que el caso escaló hasta el propio corazón del gobierno. Existiría, señala Latorre, un mail de respaldo. La subsecretaria nunca ocultó la información recibida, afirmó Latorre, “Lo conversa con todo el gabinete, incluido el ministro y la gente que toma decisiones en relación a estos temas”, manifestó.

La derecha aprovechó el regalo en bandeja y el diputado Diego Schalper (RN), afirmó que se le debe pedir la renuncia a la subsecretaria, “si se comprueba que sabía del convenio y no hizo nada al respecto”. Luego, agregó: “Si no, esto arrastrará también al ministro Carlos Montes por complicidad pasiva”.

No pasó mucho tiempo para que el ministro Carlos Montes, respondiera:  «El presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a ser una aclaración próximamente, si ya no la hizo en este rato, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena y ella va seguir siendo funcionaria de la repartición”, aseguró. Luego mandó un recado a Latorre: “»la historia hay que conocerla mucho más en detalle porque había un proceso en marcha que yo no conocía, pero había un proceso de recabar información previa a propósito de unas denuncias».

COMUNICADO DEL MINISTERIO

El ministerio de Vivienda, emitió posteriormente un comunicado, tratando de detallar la cronología de los hechos y explicar cuál había sido el rol de la subsecretaria. En el que afirman que Rojas «ha tomado las acciones correspondientes para esclarecer los hechos». «El 3 de mayo de 2023, al día siguiente de la recepción de un correo de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta y previo a que esto fuera conocido ante la opinión pública, la subsecretaria Tatiana Rojas, solicitó de inmediato al seremi Carlos Contreras, un informe detallado a fin de esclarecer cada uno de los puntos denunciados, entre los que se encuentran posibles irregularidades en la firma del convenio con la fundación previamente mencionada», asegura el ministerio.

Añade el comunicado que «tras varios correos de insistencia por parte de la autoridad nacional, el seremi Carlos Contreras envió el informe final con los antecedentes solicitados. La subsecretaria Rojas remite inmediatamente dicho informe al Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos Precarios, junto con la carta emitida por la Asociación de Funcionarios, solicitando realizar un análisis de la situación que oriente futuras medidas y pasos a seguir».

Luego, asegura el MINVU, «El Jefe Nacional de Asentamientos Precarios envía dicho análisis a la subsecretaria, realizando una serie de recomendaciones relativas al desarrollo de los convenios suscritos con instituciones relacionadas», añadiendo que, a su vez,  «la subsecretaria Rojas solicitó tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso, las cuales estaban en proceso cuando esto se dio a conocer ante la opinión pública el pasado jueves 15 de junio».

Ello lleva a concluir al ministerio, que «la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, como parte de las responsabilidades que le corresponden en tanto jefa de servicio, ha tomado las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y responsabilidades sobre lo ocurrido en la región de Antofagasta». De ahí a lo aseverado por Latorre del mail al ministro, ni palabra.

REACCIONES

Otras reacciones no se hicieron esperar. Entre ellos, el diputado El diputado Tomás De Rementería (PS), se sumó a las críticas en el contexto del polémico caso de la Fundación Democracia Viva. El socialista comentó que el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, “quiere que todos nos hundamos con él”. Es más, Rementería afirmó que “Hay que hacer las cosas claras y decir, en la vida y en la política, hay cosas que pueden ser legales, pero son inmorales”, agregando respecto de Daniel Andrade, representante legal de la cuestionada fundación y pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), “es un sinvergüenza” porque “defraudó al fisco” y “tiene una responsabilidad ética enorme”.

Pero el parlamentario socialista no se quedó allí y arremetió contra la subsecretaria y el mismo Latorre: aseveró que si el senador Latorre no expulsa a Andrade de Revolución Democrática “está siendo cómplice de las actuaciones de este caballero. Creo que hay que investigar en profundidad lo que pasó”. Y sobre la ahora cuestionada subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, el parlamentario de la región de Valparaíso afirmó que es grave que se diga que tenía conocimiento “y no entregó la documentación requerida ni a la Contraloría ni a la Fiscalía”.

Otro parlamentario que intervino en la discusión, fue el senador Fidel Espinoza, quien calificó como «Una sinvergüenzura» lo sucedido con el caso Seremi/Democracia Viva, exigiéndole, de paso, al ministro Montes que remita a Fiscalía los antecedentes por esta operación en Antofagasta. El senador y presidente de la comisión de Vivienda, emplazó al ministro Montes a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía por el traspaso -mediante convenios- de $426 millones a la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, actual pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de Revolución Democrática (RD).

RECADO A DIPUTADA PÉREZ

Espinoza sentenció que “Aquí hay que investigar y esto implica que el ministro debe entregar los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue todo lo relacionado a Democracia Viva: cuándo se formó, cuándo se fundó, cuántos proyectos de asignación directa tuvo, cuántos más integrantes de RD forman parte de su directiva y en qué otros lugares del gobierno están”, reclamó el senador. “Esta fue una asignación directa que no tiene parangón, no tiene precedentes, una sinvergüenzura que no tiene nombre”, dijo.

De paso, emplazó a la diputada Pérez a dejar de intentar eludir su responsabilidad aludiendo a discriminación de género: “Esto no es un tema de género. Se tiene que investigar, el ministerio tiene la responsabilidad… esto tiene que ser investigado por el Ministerio Público y hago un llamado a que nos entreguen todos los antecedentes”, concluyó.

CONTRALORÍA Y EL SII DAN EL GOLPE DE GRACIA

Tras conocerse el escándalo de los convenios por $426 millones que firmó el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta con Democracia Viva, fundación vinculada a Revolución Democrática (RD) y el oficialismo, la Contraloría General de la República (CGR) le ordenó a la secretaría de Estado entregar, en un plazo de cinco días hábiles, la información de todas las trasferencias realizadas a fundaciones: “a raíz de lo viralizado en redes sociales y denuncias ingresadas a esta entidad de control, se que en un plazo de cinco días hábiles la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta remita la información de todas las transferencias realizadas a fundaciones”.

Por su parte el Servicio de Impuestos Internos, confirmó que Democracia Viva no tenía giro de obras cuando ya se había adjudicado $370 millones. Esto es un nuevo antecedente que termina de sepultar la operación de Democracia Viva y la Seremi de Vivienda, que no exigió ni antigüedad ni giro para asignar los fondos a la fundación ligada a la diputada Catalina Pérez y a militantes de Revolución Democrática, el mismo partido de la parlamentaria y la subsecretaria.

La fundación recién amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos el 21 de noviembre de 2022, esto es, luego de haber recibido $370 millones al contado y haber suscrito 2 convenios con el Seremi, uno para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe ($200 millones) y otro para el mismo fin en el campamento Irarrázaval Etapa I ($170 millones), sin tener giro para ello. ‘Quién autorizó tamaña barbaridad? La justicia tiene la palabra.

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