Le llueve sobre mojado o se le desgrana el choclo. Son dos formas de enfocar la crisis que envuelve a Revolución Democrática a propósito de los supuestos delitos de corrupción que se están investigando y que involucran a militantes de la colectividad a propósito de los traspasos -por trato directo- entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, y a la que ahora se suma la investigación de oficio a otra fundación, ligada a RD: Urbanismo Social.
La fundación fue encabezada hasta el año pasado por Rodrigo Hernández, quien justamente ahora ejerce como seremi de Vivienda del Maule. Sólo entre octubre y diciembre de 2022, Urbanismo Social habría recibido un total de $577 millones a través de ocho donaciones de la repartición estatal.
Así lo detalló el propio ministro de Vivienda (Minvu), Carlos Montes, quien explicó que se inició una investigación de oficio por la entrega de recursos por parte de la Seremi del Minvu de la Región del Maule a la fundación Urbanismo Social, “a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público respecto de esta fundación, fundamentalmente radicado en estos antecedentes que aparecen de distintas publicaciones, medios de comunicación, redes sociales, y además de la propia confirmación que emana de un comunicado de la propia seremi de Vivienda del Maule».
El secretario de Estado explicó que la investigación se abrió de oficio y que una vez iniciada, fue derivada a la Fiscalía de Antofagasta, donde se está llevando a cabo la indagatoria por el caso Democracia Viva. «La Fiscalía del Maule queda a disposición del fiscal (Cristian) Aguilar para los requerimientos que necesite y el avance de las investigaciones, fundamentalmente para esclarecer los hechos, que es lo que por cierto la comunidad le interesa».
Los posibles delitos que se investigan, puntualizó el ministro, «son diversos. Son los mismos que se están indagando en Antofagasta. No hay otra arista que vincule a otras personas, sino el mismo modus operandi, que eventualmente tiene que despejarse, fundamentalmente basado en los antecedentes que aparecen de los medios de comunicación y del propio comunicado del seremi del Maule». En consecuencia, estaríamos, eventualmente, frente a una negociación incompatible, fraude al Fisco y tráfico de influencias.
URBANISMO SOCIAL
La Fundación Urbanismo Social fue creada en septiembre del 2009 y en 2019 recibió su primera gran donación. Hasta abril de 2022 su director jurídico era Rodrigo Hernández, militante RD. Luego pasó a ser seremi de Vivienda en la Región del Maule.
El 22 de junio, en su cuenta de Twitter, el senador PS Fidel Espinoza, denunció los millonarios aportes a la fundación: “¿Ministro Montes? ¿Subsecretaria? De verdad uds. no sabían nada de estas sinvergüenzuras. Acá hay nuevo caso. Este señor asume de seremi de Vivienda y comienza a traspasar dineros a la fundación de la que era su Gerente. ¿Cuánto más fue? ¿Hasta dónde llegaremos?”.
Hernández le respondió por el mismo medio: “Senador hace referencia a adjudicación hecha por licitación. Como ud. sabe, no puedo prohibir a ninguna entidad participar, pero si debo cumplir con abstenerme de cualquier acto administrativo que pueda verse como conflicto de interés. En mi caso, además, me inhabilité formalmente”.
Las alarmas se encendieron y la Fiscalía comenzó a reunir antecedentes, pues había indicios de irregularidades, principalmente, por el nexo entre Hernández, Urbanismo Social y su rol como seremi. Uno de ellos es una publicación del medio Ex-Ante, donde se revela que entre octubre y diciembre de 2022 la Seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social por un total de $ 577 millones.
Seis días después, el Ministerio Público decidió iniciar formalmente la investigación de oficio.
El domingo, en Tolerancia Cero, el senador Espinoza advirtió que “tenemos datos de que hay otras fundaciones, como Urbanismo Social, que tienen que ser investigadas, desde mi punto de vista. Es imposible que una fundación que obtenga $ 804 millones de pesos, que está lleno de militantes de RD en todo Chile, 804 millones en Antofagasta, la misma región de Democracia Viva. $ 84 millones del Fosis, $ 200 millones del Gobierno Regional, sólo en esa región. Más de $ 534 millones en convenios en la región del Biobío, donde están todos los amigos desde la delegada para abajo. Van a tener que dar respuesta”.
