Daniel Andrade (RD), ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), figura en los registros del Servel con la emisión de una boleta de honorarios a la campaña senatorial de la entonces candidata a la Cámara Alta en noviembre de 2021, y actual delegada presidencial, Daniela Dresdner, por $3.900.000 por una supuesta Asesoría Comunicacional.
La funcionaria gubernamental, aparece también suscribiendo un contrato con otra cuestionada Fundación, Urbanismo Social, con vínculos con RD, vía trato directo, el mismo mecanismo que el usado en Antofagasta.
La delegada Provincial del Bío Bío dijo que el Gobierno está disponible a poner sobre la mesa todos los antecedentes respecto del contrato del Serviu con la Fundación Urbanismo social vinculada a su partido, Revolución Democrática, que se adjudicó por trato directo un proyecto en la región por 148 millones de pesos.
La delegada reiteró que la situación que se generó en Antofagasta y que motivó la presentación de una querella por parte de la dirigencia de RD es muy distinta de lo que se cuestiona en la zona, donde afirmó no hay indicios de ningún tipo de delito ni de comportamiento antiético.
Daniela Dresdner pidió informes al respecto con el objetivo, dijo, de revisar que no existan acuerdos que se hayan realizado de una manera incorrecta y resguardar la integridad del trabajo que está haciendo el Gobierno.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, sostiene que existe la posibilidad de que servidores públicos hubiesen usado el cargo para el enriquecimiento personal, apuntando que la investigación no debe detenerse por decisiones administrativas, como la salida de la -ahora- exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, pues se trata de actos inaceptables.
Tanto la delegada Daniela Dresdner, como el Ministerio de Vivienda, han explicado que en el caso de Urbanismo Social, el contrato contempla la asesoría de 712 personas afectadas por los incendios forestales, con el fin, señalan, de apoyarlos en las respectivas postulaciones habitacionales.
Lo que se cuestiona es que la delegada fue anteriormente parte de esa organización junto a su exjefe de gabinete y actual encargado regional asentamientos precarios del Serviu, Vicente Guzmán.
Allí, existiría a lo menos un grave conflicto de intereses que debe ser investigado, a fin de determinar si es otro de los casos de fraude al Fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
