La Corte Suprema rechazó la invitación de la Cámara de Diputados para explicar el supuesto vínculo de Luis Hermosilla con magistrados y su posible incidencia en sus nombramientos.
Todo esto constituye una nueva arista del llamado Caso Audios y la revisión del teléfono celular del abogado.
Ciper difundió recientemente que, junto con los cuestionados diálogos entre este y el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, también aparecieron vinculaciones con el nombramiento de algunos integrantes de los más altos tribunales del país.
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Específicamente, en 2021 habría tenido contacto con los ahora ministros Jean Pierre Matus, juez de la Corte Suprema, y Antonio Ulloa, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Conocida la información el diputado Daniel Manouchehri (PS), sostuvo que además de los exministros del Interior Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick (ya citados por la comisión que investiga irregularidades en el Caso Audios) también se invitaría a todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones para explicar el supuesto vínculo de Hermosilla con los nombramientos de las magistrados y existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por esos jueces.
«SEPARACIÓN DE PODERES»
El pleno de la Corte Suprema se reunió a las 14:30 y ahí decidieron rechazar la invitación de la comisión de la Cámara. Según informó La Tercera, adujeron “separación de los poderes del Estado».
Esto, porque el artículo 52 de la Constitución sostiene que la facultad de la Cámara para citar a este tipo de comisiones es para fiscalizar a los actos del gobierno o bien funcionarios de la administración del Estado, a los miembros del Poder Judicial.
La Cámara “solo puede crear Comisiones para investigar actos de gobierno, no del congreso ni del Poder Judicial”, sostiene el texto.
La versión oficial sobre la postura final del máximo tribunal será comunicada mañana martes y habrá una vocería de la Corte Suprema respecto al tema.
En el acuerdo estaría, también, que no harán defensas corporativas de las designaciones hoy cuestionadas y que manifestarán si interés en que se realicen cambios al sistema de nombramientos de los magistrados, cuestión que ya plantearon durante los procesos constitucionales de 2022 y 2023.
TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL PIDEN INVESTIGACIÓN
En paralelo, este lunes la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) pidió a la Corte Suprema que se realice un sumario para que se esclarezca el caso que involucra a los jueces Matus y Ulloa.
A través de un comunicado manifestaron que «el Código Iberoamericano de Ética Judicial, advierte en su Art. 3°.- que el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial».
Por lo mismo, instaron a que «inicie a la brevedad un sumario administrativo para dilucidar la responsabilidad funcionaria, se investigue a los responsables y se aplique las más altas sanciones de nuestro ordenamiento jurídico».
Asimismo, pidieron que se llame a una mesa técnica a «universidades, Asociaciones del Poder Judicial, Colegio de Abogados, entre otros actores», para que «se discutan propuestas de cambio al Poder Judicial en materia de nombramiento y carrera funcionaria, y que inhiban este tipo de comportamientos que afectan la integridad judicial, la ética de jueces y juezas y ayude a devolver la confianza de la ciudadanía en la Justicia».
