La Corte Suprema ratificó el fallo que obliga al Estado a indemnizar con $40 millones a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en la Mina San José, en la región de Atacama, en 2010. Los dos restantes se abstuvieron de participar en la acción legal que presentaron el resto de sus compañeros.
El fallo de primera instancia entregaba un pagó de $80 millones a cada uno de los mineros por daño moral, tras considerar que hubo una falta de servicio por parte de Sernageomin, la Seremi de Salud de Atacama y la Dirección del Trabajo.
En 2021 la Corte de Apelaciones revisó el caso y rebajó el monto a $40 millones. Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso en contra de la sentencia de segunda instancia, por lo que el caso avanzó a la Corte Suprema, la cual acaba de ratificar la decisión de la Corte de Apelaciones.
El abogado Maximiliano Delgado, que representa a varios de los mineros involucrados, dijo que “los representados están satisfechos por terminar este proceso, sin dejar de lado que existe el agradecimiento por el proceso de rescate vivido luego del derrumbe”.
“Sin perjuicio de ello, ocurrió una negligencia del Estado al permitir funcionar esta mina en el estado en que se encontraba”, agregó.
