Los ministros y ministras del Tribunal Constitucional (TC) resolvieron este martes rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 54 diputados de oposición el pasado 8 de marzo, por una norma contenida en el proyecto para erradicar la violencia contra las mujeres, despachado de Congreso el pasado 6 de marzo.
En concreto, los parlamentarios de la UDI, RN, Republicanos, PDG y el Partido Social Cristiano, buscaban que se declarara inconstitucional la frase «los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista».
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La decisión ocurre luego que el pleno del TC escuchara desde cerca de las 10.30 horas de hoy los alegatos de los representantes de las partes: en el caso de la oposición, intervino el abogado Álvaro Ferrer, mientras que por parte de Ejecutivo, lo hizo la abogada Verónica Undurraga.
En fallo dividido, por seis votos contra cuatro, se rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad «deducido por un grupo de honorables diputadas y diputados de la República respecto de la expresión ‘no sexista’ y de la conjunción ‘y’ contenidas en el inciso segundo del artículo 12 del Proyecto de Ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, correspondiente al Boletín N° 11.077-07», señala el comunicado del organismo.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reaccionó a través de sus redes sociales y señaló que esto abre «paso a la promulgación de la Ley Integral con acciones concretas para prevenir la violencia de género contra las mujeres desde la temprana edad».
Tras escuchar los alegatos por lado y lado, el TC acaba de resolver la total constitucionalidad de la educación no sexista, abriendo paso a la promulgación de la #LeyIntegral con acciones concretas para prevenir la violencia de género contra las mujeres desde la temprana edad. https://t.co/Qi0EIlTOSC
— Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) April 2, 2024
«Educación no sexista»
A inicios de marzo y luego de siete años de tramitación, el Congreso Nacional despachó la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que institucionaliza medidas para responder a problemáticas del presente y delinear una «hoja de ruta» para el futuro.
Pese a esta aprobación, un grupo de más de 50 diputadas y diputados de la UDI, Renovación Nacional (RN), Republicanos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Social Cristiano ingresaron un requerimiento ante el TC para poder impugnar esta ley.
Los parlamentarios cuestionaron el concepto de «educación no sexista y con igualdad de género» que está presente en la normativa, aludiendo a que vulnera el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.
