El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a tres funcionarios de Gendarmería a cumplir una pena de 10 años de presidio como autores de torturas cometidas al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur en mayo de 2020.
Según se estableció en el juicio, la tarde del 13 de mayo de 2020, Cristian Retamal, Miguel Carrasco y Marcelo Maldonado agredieron a una persona privada de libertad en la expenitenciaría, producto de lo cual esta sufrió la amputación de la falange de uno de sus dedos.
En una celda, los gendarmes golpearon al afectado con pies, puños y un bastón de seguridad, además de arrojarle gas pimienta al rostro. Luego, en un sector conocido como «la pecera», y a puertas cerradas, Miguel Carrasco le cercenó parte de los dedos medio, anular y meñique con un cuchillo cartonero, sin que sus compañeros se lo impidieran.
A raíz del ataque, la víctima sufrió fracturas expuestas y heridas cortantes en tres dedos de la mano izquierda, que derivaron en la amputación de parte de la falange del anular izquierdo, «secuelas permanentes y definitivas que influyen en su capacidad laboral y funcional en forma importante, dado que afectan su mano dominante, además de secuelas estéticas notoriamente visibles y deformantes», determinó la Justicia.
El delito por el cual fueron sentenciados los gendarmes fue introducido en el Código Penal chileno en 2016, mediante la Ley 20.968, que Tipifica el Delito de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, «adecuando la normativa a los estándares internaciones en la materia».
«Ésta es la primera condena por el delito de torturas dentro de una cárcel chilena», enfatizó Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad que participó como querellante en la causa.
«La tortura es una realidad y esto constituye un llamado de atención acerca de las condiciones en que las personas privadas de libertad deben cumplir sus castigos en nuestro país», agregó la funcionaria.
Los gendarmes también fueron condenados a tres años y un día por falsificación de documento público pues, según el fiscal Marcelo Leiva, para justificar la agresión «elaboraron una versión alternativa que indicaba que la víctima los había intentado agredir con un tubo de PVC y que al forcejear con éste, ella misma se había autolesionado».
