En una extensa entrevista con La Segunda, la abogada Libertad Triviño, que representa a Revolución Democrática -partido del cual no es militante- en la investigación penal del Caso Memoria Viva, relata los hechos que llevaron a ese conglomerado a recurrir a tribunales y querellarse, para aclarar los hechos.
También dio cuenta de una serie de diligencias que están en actual trámite, como la incautación de las cuentas corrientes de los presuntos involucrados, entre ellos, de la diputada Catalina Pérez. También asegura que «se solicitó la declaración de varias personas del partido en calidad de testigos, de imputados y víctimas. Aquí hay tres personas a las que fiscalía le entregó la calidad de imputados y nosotros tenemos el registro de personas que han salido mencionadas en prensa, que pueden ser víctimas, testigos de los delitos y sería bueno que les tomaran declaraciones», dijo.
Respecto a en qué calidad se pisió citar a declarar a la diputada suspendida actualmente de su militancia en el partido, la profesional señaló que «Esa decisión le corresponde al fiscal, yo creo que ella está en calidad de imputada. En cuanto a las diligencias, le solicitamos al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de la señora Catalina Pérez, del señor (Carlos) Contreras y del señor (Daniel) Andrade; pedimos que se informen las sociedades en que participan y las sociedades de sus relacionados. También que se Oficie al Minvu para que dé cuenta en qué estado están las obras que debían realizar y que se incauten todas las comunicaciones telefónicas, computadores», relató.
LATORRE
Igualmente se pronunció acerca de la eventual responsabilidad del senador Juan Ignacio Latorre, dado que este se habría enterado de los hechos el día 6 de junio y no habría dado cuenta oportuna de hechos que revestían, al parecer, delitos: «Se han tergiversado los hechos. Lo que dijo en su momento el senador es que efectivamente, el día 6 de junio es la primera noticia que tiene de que existen unos convenios, esto se lo informa la señora Catalina Pérez, que es abogada. Ella descarta cualquier relevancia, no le dice que hay irregularidades, le dice que existen unos convenios, que hay algo de ruido, pero que no se preocupe porque aquí no hay nada. le entrega información incompleta», asegura la abogada.
reconoce la profesional que en la tarde del mismo día 6 se reunieron con los responsables de Memoria Viva y estos le habrían dado seguridad a la directiva que los hechos en caso alguno revestían la calidad de delitos. La directiva no habría quedado del todo conforme con el relato y habría contactado a la subsecretaria (hoy ex) de Vivienda para darle cuenta de los hechos.
Señala Libertad Triviño que «(…) al segundo día, la directiva llamó a la (ex) subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) y se le advirtió que les había llamado la atención este convenio» (respondió) «Que se estaba encargando, que lo estaban investigando. RD hizo todo lo que tenía que hacer: Creyó en los militantes al inicio, pero siguió investigando porque le pareció que había situaciones que no se ajustaban, éticamente reprochó los hechos tanto así que terminó expulsando a estos militantes y cuando no entregaron la información, requirió el Tribunal Supremo que enviara los antecedentes y, posteriormente, se querellaron».
QUERELLA DE CARTÓN
Niega la profesional que la querella de RD solo sea un volador de luces para deslindar responsabilidades: «Se ha planteado que nuestra querella es de cartón o de papel, pero creo que nuestros hechos, la colaboración que hemos tenido, el interés que tenemos en que esto se esclarezca, el mandato que se me ha entregado da cuenta de que, efectivamente, el interés primordial de RD es que se esclarezcan los hechos y las responsabilidades».
Para la abogada Triviño, «Lo de Antofagasta es una situación desfachatada, más cuando Catalina Pérez era la persona que estaba hablando de subir los estándares de probidad, entonces por eso la situación es más reprochable a ella. También una consideración que toma el Tribunal cuando sanciona a la señora Pérez es decir «mira, piensa todo el daño que le hace Catalina Pérez al partido». La directiva pidió una suspensión de dos años; el tribunal determinó uno», relató.
Respecto al ministro Giorgio Jackson, deslindó toda responsabilidad: «No he leído ningún antecedente que vincule al ministro con hechos de corrupción, sería más bien una cuestión mediática. No creo que el ministro sepa algo más de lo que sabemos por la prensa», afirmó, asegurando de paso que «Aquí no hay ningún peso de la Fundación Democracia Viva que haya llegado a las arcas de RD, ninguno. Aquí no van a encontrar un caso de financiamiento ilegal de la política, eso no va a pasar», señaló de manera concluyente.
