Con catorce observaciones -diez de fondo y cuatro formales-, este viernes ingresó al Congreso el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, información entregada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.
«Se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos y para salvaguardar que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías», explicó la secretaria de Estado.
Tohá detalló que, en primer lugar, se hará un veto a la autotutela o legítima defensa privilegiada, donde se busca que se apliquen reglas generales para la detención ciudadana y la legítima defensa.
LEGÍTIMA DEFENSA
«Lo que hace, en el caso de la usurpación, hace valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. Entonces se saca todo el régimen especial que se había creado que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas con sus propias manos, con armas, con terceros, pudieran hacer reivindicación de sus bienes», explicó.
«Se hizo esta modificación con el objeto de evitar que se promueva que los civiles, a través de la violencia, reivindiquen sus derechos. Queremos que lo hagan a través del Estado de Derecho, pero salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías», afirmó.
PENAS Y RESTITUCIÓN
Otro punto importante a modificar dice relación con las penas que tiene la ley.
“En caso de usurpaciones pacíficas, donde no hay violencia e intimidación -son casos muy excepcionales, donde no se agrede a ninguna persona, se establece que el juez va a definir si hay pena de cárcel, o hay multa (…) En todos los casos, todo tipo de usurpaciones, va a seguir siendo un delito, ya no va a ser una falta”, acotó la secretaria de Estado.
Un tercer punto del veto serán los instrumentos que podrán usar los dueños para solicitar la restitución de sus inmuebles, agregando una modalidad de restitución anticipada, que permita la restitución de un bien aunque exista un proceso judicial en contra.
