El problema con la ley de usurpaciones no es tanto que al oficialismo le estén ganando las votaciones (es lo que puede pasarle siempre a una minoría), sino que está siendo superado en los debates y se está mostrando dividido.
La presentación de un veto siempre ha sido un recurso incomodo de emplear por un gobierno y ahora se está experimentando el porqué. Cuando un Congreso ya resolvió sobre una materia, el Ejecutivo puede hacer uso de su atribución, pero eso implica cambiar mayorías y navegar contracorriente.
Mientras más se ejerza el veto en votaciones diferentes, más cuesta arriba se hace todo y, en efecto, es lo que está volviendo a ocurrir. Por eso, persistir en esta misma conducta es reemplazar una derrota por varias y lo más sensato es salirse rápidamente de esta espiral de desgaste continuo.
A golpes cualquiera entiende. Cuando el gobierno vio que fracasaba en el proyecto que sanciona el porte de combustibles en contexto de protestas, lo que menos se le ocurrió fue presentar un veto porque la mayoría parlamentaria lo hacía imposible. Perder no es bueno, generar la costumbre de perder es peor.
No se está ganando el debate político, de partida, porque el oficialismo se presenta dividido y porque la argumentación en contra ha predominado en los medios. Pero también se está fracasando en conseguir el apoyo de la opinión pública porque no se recuerda un período en que la ciudadanía tuviera una predisposición más alta a elevar las penas contra todo tipo de delitos.
Exagerar está de moda, de manera que cuando la oposición llegó a aprobar la autotutela en el caso de las usurpaciones, o sea, tomar la justicia en las propias manos por parte de los propietarios, al Ejecutivo no le quedó más que vetar.
Si era un error dar apariencia legal a lo que era la suspensión de la aplicación de la ley por el uso de la fuerza entre civiles, no fue mejor hacer una defensa inicial imprecisa sobre “tomas pacíficas”, que incluía en el veto llevar las penas al mínimo al “haber actuado el imputado por necesidad habitacional”.
La derecha está fomentando el hacer un negocio del desalojo ofertado por “profesionales” que aseguraran sacar personas de un terreno en tiempo mínimo. Si el oficialismo hace de una excusa (la necesidad habitacional) una razón para una disminución importante de las penas, el incentivo para la toma se acrecienta y una ley hecha para mayores sanciones termina en lo contrario.
En la ley de usurpaciones la negociación interna del oficialismo se dio, en lo medular, con el Frente Amplio y el PC. El resultado fue una amplificación del veto originalmente pensado, la incorporación de textos más radicales y una mayor exposición a derrotas. Lo que ganó aquí lo perdió entre los moderados.
Por su forma de actuar, el gobierno no puede hacer frente a la derecha sumando a su haber todos los otros votos. Un reclamo por votar propuestas más equilibradas se hace presente. La negociación se ha vuelto múltiple.
Sobre todo, hay que volver a la agenda de seguridad transversal, donde los éxitos son compartidos, al igual que los costos de tener que ceder para tener éxito. La legislación cuando es del gusto de un solo sector no es sinónimo de equilibrio, pero dejar de legislar por la pelea chica es de desequilibrados.
