De las 94 personas que integran el principal órgano del Partido Comunista (PC) , otras 21 ocupan cargos de elección popular y 11 trabajan para otros organismos públicos que no dependen del Ejecutivo. Sólo 30 miembros del Comité Central -o sus familiares directos- no reciben un salario del Estado.
“Ellos tienen una pierna en la protesta y otra pierna en la respuesta a la protesta. Y siempre la pierna de la protesta va a ser más gorda y firme. La otra puede que sea más engordada, pero menos sólida que la que tienen en la calle. El PC es un partido al que le gusta el poder. ¿Y por qué no se va a ir nunca? Porque una proporción demasiado alta de su Comité Central es funcionaria del gobierno”. Las palabras son del analista y panelista de Política para Adultos, Pepe Auth, y las dijo el 6 de mayo cuando abordó las críticas que surgieron al rol del Partido Comunista en la coalición oficialista.
Según indicó El Líbero de los 94 actuales integrantes del Comité Central del PC -se descontaron a los fallecidos Guillermo Teillier y José Figueroa- y resultó que 26 (28%) trabajan en el gobierno central. Si el espectro se amplía hacia otros organismos públicos, ese número sube a 37 (39%).
De los 94, 21 personas ocupan cargos de elección popular (parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales). Asimismo, una veintena tiene parientes trabajando en el Estado.
“El materialismo histórico dice que la infraestructura determina la conciencia. Por lo tanto, no creo que tomen una decisión contraria a sus intereses”, reflexionó Auth ese día.
El giro crítico del PC se estaría dando por el fortalecimiento del presidente del partido, Lautaro Carmona, ad portas de nuevas elecciones en julio, pero a la vez, estaría incomodando a la ministra vocera Camila Vallejo y a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, también integrantes del Comité Central, que por sus roles tienen voces más conciliadoras.
De los 26 miembros del Comité Central del PC que trabajan para el gobierno, tres son ministros y no en carteras de poca importancia
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, vocera del Ejecutivo, es Camila Vallejo; mientras que el ministerio del Trabajo está en manos de Jeannette Jara. Ambas fueron nombradas por el Presidente Boric desde el inicio de su mandato y se han mantenido en sus respectivos cargos a pesar de los cambios de gabinete que ha hecho el Jefe de Estado. El tercer ministro integrante del Comité Central es Nicolás Cataldo, que ocupa la cartera de Educación.
En el cuoteo a lo largo de los 23 ministerios que integran el poder central, los miembros del órgano principal del PC se concentran en diez de estas carteras.
El ministerio del Trabajo es la preferida por los comunistas. Además de Jara, trabajan allí otros cinco integrantes del Comité. De acuerdo con la información que figura en el portal Transparencia, Manuel Ahumada Letelier se desempeña como asesor del gabinete ministerial de la subsecretaría del Trabajo desde 2022. Tiene un sueldo de $3.950.025 mensuales.
En la seremi del Trabajo y Previsión Social de la región Metropolitana fue nombrado Marco Canales Huenchuan, también desde el año 2022, con un sueldo de $3.845.476 mensuales. En el cargo más alto de la Dirección del Trabajo fue ubicado Pablo Zenteno Muñoz, que es personal de planta desde el 2022. La remuneración mensual de este abogado: $ 8.983.276
Silvia Valdivia Matus se desempeña en la Superintendencia de Seguridad Social. La incluyeron como analista, bajo la figura de personal a contrata. Según la información de Transparencia, es profesora y su remuneración mensual es de $1.644.659.
La última en la lista de quienes dependen del ministerio del Trabajo es Julia Urquieta Olivares, que trabaja como jefa de gabinete de la Dirección General de Crédito Prendario -popularmente conocida como «La Tía Rica»- y que es caso aparte (ver más abajo: Los casos de Urquieta y Claudia Pascual).
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En segundo lugar de preferencias, con cuatro integrantes del Comité Central, se ubica el ministerio de Interior, cartera en la que trabaja el polémico asesor Juan Andrés Lagos, quien en varias oportunidades ha incomodado al Ejecutivo con sus declaraciones. En la más reciente, en la que dijo que Carabineros había cometido actos terroristas en los casos de Campillai y Gatica, la propia ministra Carolina Tohá tuvo que salir a tratar de desmarcar al gobierno. El periodista está contratado a honorarios por $3.129.000.
En esa misma cartera, pero en la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), está Reynaldo Morales Lagos, administrador público que se desempeña como “profesional de la División de Administración y Finanzas” ($3.981.033). Según información de Transparencia, trabajó como profesional de apoyo en la subsecretaría de Educación entre 2022 y 2023 ($3.339.593) y como coordinador en el departamento de Actividades Comerciales de la municipalidad de Santiago entre 2021 y 2022 ($2.888.674).
También en este ministerio se encuentran Cinthy Miskulini Araya, profesora de historia y geografía que se desempeña en la delegación presidencial de Valparaíso como asesora ($3.650.500), así como Tamara Concha Cabrera, que está en la delegación presidencial de Biobío ($2.142.052). Ambas a honorarios.
Siguiendo con los ministerios favoritos de los integrantes del Comité Central del PC, está el de Educación, con tres miembros. Además de Cataldo -que antes de llegar a la cabeza de esta cartera en agosto del año pasado había sido subsecretario de Subdere y subsecretario de Educación-, está Oscar Aroca Contreras, titulado como profesor de educación física que se desempeña como jefe de gabinete de la subsecretaría de Educación, por una remuneración mensual de $4.667.418. El excandidato a diputado por Valparaíso llegó al cargo proveniente de la dirección de Presupuestos ($5.805.177 mensuales) y antes de eso, pero siempre en 2023, había sido jefe de gabinete en la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo ($6.216.435 mensuales).
Salud y Educación
El tercero en esa cartera es Camilo Sánchez Pizarro, sociólogo que actualmente es asesor en la subsecretaría de Educación, como personal a contrata por un pago mensual de $4.459.566.
De acuerdo con Transparencia, entre mayo y julio del año pasado, Sánchez fue asesor ministerial en la subsecretaría del Trabajo ($2.374.365 mensuales), en julio y agosto fue profesional de gabinete en la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ($2.880.243) y en 2022 fue jefe de gabinete de la subsecretaría de Educación ($4.071.884 mensuales).
En el servicio de salud Metropolitano Sur Oriente se desempeña la ingeniero industrial Rebeca Gaete Santelices como apoyo administrativo, en calidad de personal a contrata ($3.086.783), así como Karen Palma Tapia que forma parte del personal de planta en el cargo de asistente social ($1.924.382).
Defensa trabaja como asesor de subsecretaría para las Fuerzas Armadas Patricio Palma Ousiño ($3.000.000), quien fue jefe de la comisión militar del PC y nexo entre esa tienda política y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en los 80. En ese mismo ministerio está Luis Lobos Meza, jefe de gabinete de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas ($7.941.679).
Desarrollo Social
En servicios que dependen del ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra la socióloga Tamara Torres Huechucura como directora regional de Fosis Araucanía, a contrata ($6.296.609). La exconvencional y ex secretaria de la Juventudes Comunitas de Atacama Erica Portilla Barrios es directora regional del Instituto Nacional de la Juventud de Atacama ($4.045.845. Llegó por Alta Dirección Pública). De acuerdo con el portal Transparencia, en 2022 fue asesora jurídica del gobierno regional de Atacama ($3.362.515).
Por último, en la lista de ministerios con dos integrantes del Comité Central se encuentra la Segegob, donde además de la ministra Vallejo está la periodista Javiera Olivares Mardones. Está contratada a honorarios ($4.130.750) para el “desarrollo de contenidos estratégicos en materia programática, normativa y legislativa en torno a los derechos asociados a la información, comunicación, prensa y expresión”.
Mientras, en la secretaría general de la Presidencia, en el ministerio de Justicia y en el de Economía hay un miembro del Comité Central por cartera. En la primera de ellas está Carlos Arrue Puelma como coordinador de división de Relaciones Políticas e Institucionales, a contrata ($5.559.385). En 2022 había sido jefe de gabinete en la subsecretaría del Trabajo ($3.493.000).
La exconvencional Bárbara Sepúlveda Hales es asesora de gabinete del servicio nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del ministerio de Justicia ($3.994.724), mientras que Makarena Arias Vargas es Seremi de Economía de Atacama, como personal de planta ($4.109.618).
La familia en el Estado
En el caso del Comité Central del PC, 21 de sus 94 integrantes tienen parientes trabajando en el Estado. 14 cónyuges o ex cónyuges y seis entre padres y hermanos.
Las parejas más “mediáticas” de integrantes del selecto grupo PC son la senadora Claudia Pascual (esposa de Javier Albornoz, secretario de Organización que coordinó a los candidatos al Consejo Constitucional), el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda, Osvaldo Fierro, marido de Bárbara Sepúlveda, quien percibe $5,7 millones brutos por esa labor; y la delegada presidencial provincial de Melipilla, Sandra Saavedra, esposa de Fernando Carmona Alert (ver abajo).
Luego, el marido de la diputada Lorena Pizarro, Nelson Donato Guzmán, trabaja a contrata en la Dirección del Trabajo desde 1997, con un sueldo superior a los $2,2 brutos; mientras que el profesor de Educación Física, Oscar Aroca, que es parte del comité y actualmente se desempeña como jefe de gabinete del ministro de Educación (el también PC y también integrante del Comité, Nicolás Cataldo) está casado con la psicóloga Carolina Sepúlveda, también ligada al trabajo en la educación: en agosto de 2021 comenzó a trabajar en Junji, pasó a ser “profesional de apoyo” en Mineduc en 2023 y actualmente lo hace en Junaeb, pasando de grado 12, a 10 y luego a 9 en la escala de remuneraciones.
La esposa del ministro Cataldo, Danae Prado, también trabaja para el Estado y está emparentada con Lautaro Carmona (ver abajo). Desde 2016 labora en la Subsecretaría de la Mujer, donde está contratada por más de $2,8 brutos mensuales.
Y siguen los familiares
El integrante del Comité, Rodrigo Oyarzún Rojas, que no tiene ningún cargo de elección popular ni trabaja para el Estado, registra a su esposa como funcionaria de la Fundación Integra ($1,5 millón bruto aproximado). La señora del consejero por Atacama, Javier Castillo, trabaja en el Slep de Atacama, y la de Ricardo Solé, en Mineduc a honorarios por $1,7 millón. Mientras, el marido de Julia Urquieta, también trabaja en el área pública.
Respecto a los “ex”, quien fuera esposa del ex diputado Hugo Gutiérrez, trabaja a contrata en el Hospital Regional de Rancagua desde 2020, con un sueldo bruto de aproximadamente $ 2.5 millones, mientras que la ex señora del histórico presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo -y madre del actual subsecretario de Justicia- cumple funciones desde 2007 en Sernageomin (por unos $5,3 millones mensuales aproximadamente). La expareja de Carlos Arrué, coordinador de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres, trabaja en el Servicio de Salud Metropolitano Sur.
